Editorial

El escándalo de Corsán Corviam

domingo, 23 de abril de 2017 · 00:00
Hay varios elementos que considerar en el reciente escándalo ocasionado por la estafa de la empresa Corsán Corviam en Bolivia. El primero de ellos, obviamente, es el que se refiere al daño por el abandono de dos obras que tenía adjudicadas la empresa española, hoy sumida en una polémica internacional de supuestos pagos de sobornos en África y América Latina, y situación de posible quiebra.
 
La empresa fue contratada en Bolivia para la construcción de la carretera Ixiamas-San Buenaventura, en el norte de La Paz, y la hidroeléctrica Miguillas, ambas por 534 millones de dólares. Al margen de la verdadera utilidad de ambas obras, que deben ser resultado de otro análisis, el hecho de que la empresa hubiera recibido millonarios adelantos de dineros fiscales bolivianos es algo grave.
 
En el caso de la construcción del camino, el Gobierno le pagó 49 millones de dólares de adelanto, pero recibió a cambio una letra de garantía de solo  33,9 millones dólares. No se conoce con claridad cuánto fue el adelanto que entregó ENDE para la construcción de la represa, pero debe ser un monto mayor porque la obra era más cara. O sea que ya se puede establecer que sí existió daño económico al Estado debido a que el eventual cobro de las letras de garantía no cubrirá todos los montos entregados y, menos aún, el perjuicio generado por las demoras en la entrega de las obras. También decenas de acreedores locales se han visto afectados en más de 10 millones de dólares por deudas impagas. Paralelamente, la oposición tiene dudas sobre la posibilidad real de cobrar las letras de garantía que, según algunas versiones, no tienen verdadero valor legal. Ello se sabrá con el correr de los próximos meses.
 
El otro elemento de suma sensibilidad es la versión de la prensa española en sentido de que se halló un email del investigado presidente de la empresa española para América Latina, Juan Carlos Goycoechea, en el que aconsejaba pagar "un millón de dólares (para) dejar en Bolivia para atender una serie de compromisos que ayudan y mucho en éste y en otros proyectos”.
 
Ese es un asunto gravísimo. En otros países donde actuó la empresa en América Latina, los ministerios públicos están investigando otros pagos de sobornos y existen exfuncionarios estatales sindicados y que podrían ser detenidos en el futuro. En Bolivia ello seguramente no sucederá.
 
Mientras tanto, Isolux Corsán, la empresa madre, se acogió a un preconcurso de acreedores para negociar con los bancos una inyección de capital de 425  millones de dólares para darle continuidad de la compañía. Si esos planes de salvamento no resultan, la empresa entrará en quiebra
 

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