Editorial

“Diezmos” de los funcionarios públicos

miércoles, 26 de abril de 2017 · 00:00
Una nueva arista del escándalo del caso del Fondo Indígena se ha dado a conocer en los últimos días: el pago de "diezmos” que funcionarios de esa entidad entregaban a las organizaciones que los colocaban allí. Es un evidente ejemplo de tráfico de influencias, que en este caso afecta a la CSUTCB.

  Según la documentación presentada por el diputado suspendido Rafael Quispe, al menos 17 funcionarios del Fondo Indígena designados por la CSUTCB dieron parte de su sueldo en forma de "aportes voluntarios” mensuales. Esas contribuciones tenían poco de "voluntarias”, ya que se descontaban automáticamente de las planillas oficiales.

 Se conforma así una situación en la que los funcionarios contratados debían pagar a quienes los habían nominado. Ello genera dudas sobre la capacidad de supervisión de las acciones que tenían las organizaciones sociales. Si existe un pago a cambio de un nombramiento, ninguna de las dos partes puede ser efectivamente independiente.

 No es la primera vez que se habla de esto, ni mucho menos. En el pasado, la dirigente Juanita Ancieta reconoció que los técnicos de  las organizaciones sociales entregaban "su cariño” a los dirigentes sociales, una forma de decir que ofrecían un porcentaje de sus salarios en favor de sus mandantes.

 Esta práctica está lamentablemente muy arraigada en la administración pública boliviana. Desde hace décadas que los partidos políticos, ya sea a nivel nacional, departamental o local, usan la coerción para lograr financiar sus actividades con estos aportes virtualmente forzosos de los funcionarios públicos. 

Esto genera problemas éticos evidentes, ya que produce una situación de prebendalismo en la función pública y un abuso de parte de organizaciones privadas, como son los partidos, que se benefician con fondos públicos (el origen del dinero que financia los salarios de los funcionarios). 

Por otro lado, el funcionario afectado por esta situación puede guardar rencor hacia sus empleadores y trabajar con menos entusiasmo. Siempre podrá decir que de su sueldo sale el financiamiento de actividades que son escasamente transparentes.

 Justamente este es el otro punto a tocar aquí. Nunca se sabe cómo el MAS y decenas de otros partidos que se han hecho cargo en años recientes de alcaldías y gobernaciones, administran esos recursos. Al generarse una situación irregular, no se puede saber exactamente el uso de esos fondos.

 Si los aportes fueran genuinamente voluntarios y no existieran represalias para quienes se negaran a dar sus aportes, no habría problema. Pero no es el caso.

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