EDITORIAL

Irracional aumento salarial en el país

domingo, 30 de abril de 2017 · 00:00
Uno de los puntos más sorprendentes del acuerdo firmado entre las autoridades y los trabajadores es el que señala que las partes "acuerdan que el incremento al Salario Mínimo Nacional será del 10,8% hasta llegar a  2.000 bolivianos a pedido de la COB, dejando el Gobierno salvada su responsabilidad en el caso de presentarse efectos negativos sobre el empleo”.

Su sola lectura es insólita. El Gobierno deja "salvada su responsabilidad” como si ello fuera posible. O sea que las autoridades están conscientes de que existe la posibilidad de que los empleos se vean perjudicados  y por ello se descargan la responsabilidad en la COB si ello sucediera. No se tiene registro de una acción así en las últimas décadas en Bolivia, en las que las autoridades económicas, aun sabiendo de que una acción puede ser perjudicial, la asumen de todas maneras y se excusan en que se trata de una demanda de un sector específico.
 
El Gobierno, que está en campaña política permanente y que utiliza recursos públicos para ello, ha decidido que el salario mínimo aumente en el porcentaje mencionado, mientras el básico subirá en 7%, cuando la inflación de 2016 fue del 4%. Son acciones discutibles y demagógicas, así como ha sido el anuncio de que este año, aunque la economía no crezca en 4,5%, se pagarán dos aguinaldos de todas maneras.
 
En general, los aumentos salariales son positivos porque aumentan los ingresos de los trabajadores y logran inyectar más dinero en la economía, aumentando el mercado interno y, con ello, ayudando al crecimiento general. Pero cuando esos incrementos son excesivos, ocurre lo contrario: las empresas formales empiezan a sentir tal peso en sus finanzas  que reducen su personal o directamente cierran.
 
El sector formal del país solo fluctúa entre el 20% y 30% del total, y el resto de los trabajadores obtienen sus recursos de manera precaria e inestable. Los comerciantes, los transportistas, los que lavan autos en la calle y muchos otros oficios conforman la mayoría de los trabajadores. Ellos no tienen ni doble aguinaldo ni salario mínimo ni aumento a su sueldo cada año. Lo tienen los funcionarios estatales, lo que obliga a aumentar el déficit fiscal, y los empleados formales, esa minoría privilegiada y declinante, que tiene un ítem salarial, seguro social y derecho a vacaciones.
 
Las decisiones del Gobierno, aunque sus máximas autoridades lo nieguen, tienen repercusiones en la economía, precisamente porque aumenta el empleo informal y precario y coloca a miles de personas en el riesgo de volver a caer en la pobreza. De hecho, los índices sociales del país en cuanto a desnutrición, pobreza, falta de acceso a la salud, etc., ubican a Bolivia en la cola de las naciones del continente. Las cifras de utilidades de las empresas han decaído en los últimos años y algunas han empezado a tener crecientes pérdidas, debido a la ralentización general de la economía: el país recibe mucho menos ingresos por la venta de gas, lo que afecta sobre todo a gobiernos municipales y departamentales.
 
Esta delirante campaña de aumentos salariales y pago de dobles aguinaldos  lo que hace es incentivar a los empresarios a pasar a la informalidad. Se olvidan de pagos, de planillas, de permisos laborales, de permisos de vacaciones. ¿O acaso los cocaleros, los contrabandistas y los comerciantes informales dan alguna protección a sus trabajadores? ¿Pagan AFP? ¿Aportan a la Caja de Salud?
 
Desde el despacho del ministro Luis Arce, al parecer, no se ve la realidad del país.  Pero, cabe añadir, tampoco lo ha hecho el empresariado boliviano, pues sus organizaciones y líderes no han sido capaces de hacer prevalecer sus posiciones y análisis de situación a las autoridades económicas. Así, mientras los trabajadores pareciera que son beneficiados con constantes aumentos salariales, lo cierto es que su capacidad adquisitiva y calidad de vida no es precisamente mejor; sin embargo, la precariedad laboral, la informalidad y el desempleo  siguen creciendo, poniendo  los sectores más vulnerables, como los jóvenes, en una crisis que es otro de los factores sobre los que el Gobierno no asume responsabilidades.
 
En conclusión, aunque el fin sea demagógico –buscar la reelección presidencial-, la factura podría ser alta y perjudicar las actuales pretensiones políticas del oficialismo.
0

AVISO IMPORTANTE: Cualquier comunicación que tenga Página Siete con sus lectores será iniciada de un correo oficial de @paginasiete.bo; otro tipo de mensajes con distintos correos pueden ser fraudulentos.
En caso de recibir estos mensajes dudosos, se sugiere no hacer click en ningún enlace sin verificar su origen. 
Para más información puede contactarnos

236
52

Otras Noticias