Editorial

RRSS: libertad con responsabilidad

jueves, 6 de abril de 2017 · 00:00
Ha causado un revuelo cibernético la detención en la cárcel de Palmasola de tres jóvenes acusados de publicar un supuesto meme en las redes sociales que es, en realidad, un organigrama sin pruebas de una supuesta red de corrupción y de relaciones sentimentales que se habrían instalado en el Ministerio de Gobierno.

La citada información, en la medida en que es anónima y no aporta ninguna prueba, es condenable y su difusión atenta en contra de la honorabilidad de los citados, entre ellos el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Sin embargo, también es cierto que el supuesto delito cometido por los autores de la imagen no debería ser otro que la difamación, tipo penal que no se castiga con cárcel.

El artículo 282 del Código Penal establece que "el que de manera pública, tendenciosa y repetida, revelare o divulgare un hecho, una calidad o una conducta capaces de afectar la reputación de una persona individual o colectiva, incurrirá en prestación de trabajo de un mes a un año o multa de veinte a doscientos cuarenta días”.

En el caso que nos ocupa, una decena de abogados del Ministerio de Gobierno arremetió en contra de los tres jóvenes, a quienes se acusó de  racismo, difusión e incitación al racismo, violencia política contra las mujeres y otros.

La Fiscalía y la justicia, a tono con la demanda, se pasaron por  alto el Estado de derecho y enviaron a la cárcel a los acusados sin respetar sus derechos humanos.

Ante la ola de críticas, los abogados han desistido de la denuncia porque, está claro que se había forzado un encarcelamiento en contra de los jóvenes que, según sus defensores, no son los autores del citado contenido, sino que sólo lo compartieron.

Sin embargo, el ministro Romero anunció que está en marcha una investigación para dar con los responsables de una campaña difamatoria en su contra. La autoridad está en su derecho de hacerlo, pero respetando las leyes y las garantías constitucionales.

Lo que también ha llamado la atención es que este incidente ha sacado a flote una pugna interna del MAS, puesto que ha quedado establecido que los jóvenes acusados pertenecen al partido oficialista.

La detención de los acusados es una muestra de que la justicia  está atada al poder político y que los derechos son papel mojado.

Sin embargo, es también cierto que las  redes sociales se han convertido en un espacio de difusión de información falsa, difamatoria y atentatoria contra los valores y derechos de las personas. 

Desde este espacio abogamos por la plena vigencia de la libertad de expresión en las redes sociales, pero a la vez rechazamos aquellas expresiones falaces y violatorias de los derechos ciudadanos.

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