Editorial

Déficit de las empresas públicas

miércoles, 10 de mayo de 2017 · 00:00
El déficit acumulado de las empresas públicas en los últimos años alcanza a 8.351 millones de dólares. El dato, que se desprende de información entregada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, desmiente lo señalado por las autoridades en meses y años recientes.
 
Especialmente al vicepresidente Álvaro García Linera, que defiende este tipo de emprendimientos y ha señalado, en varias ocasiones, que son un éxito.

 Recientemente, diversas noticias muestran que no es precisamente así. La creación de empresas estatales debería estar precedida por estudios económicos y comerciales serios que confirmen su viabilidad. En los casos en que empresas estatales no puedan alcanzar utilidades, éstas podrían ser de todas maneras autorizadas siempre que su objetivo mayor sea lograr algún grado de desarrollo para un determinado sector o para llegar con determinado servicio donde el sector privado no lo hace, y que ese déficit sea transitorio.

 En Bolivia, las empresas estatales han sido fundadas sin ese riguroso análisis, sino al fragor de los intereses políticos y coyunturales. Esa mirada ideologizada de la economía ha llevado a que muchas de estas nuevas compañías no tengan beneficio alguno, sus finanzas estén destruidas y su aporte a la economía sea minúsculo, por no decir nulo.

En 2014, un estudio de la Fundación Milenio determinó que de las nuevas 14 empresas estatales establecidas en Bolivia, solamente una reportaba superávit. En total, las otras 13 arrojaban pérdidas, pese a que demandaron unos 2.000 millones de bolivianos de inversión. Todas ellas generaron solo 250 empleos directos.

 Empresas como Papeles de Bolivia (Papelbol), Cartones de Bolivia (Cartonbol), Empresa de Cementos Bolivia (Ecebol), Lácteos de Bolivia (Lacteosbol) y otras no generan utilidades. Otra compañía, más reciente, como el Ingenio Azucarero ubicado en San Buenaventura, por ejemplo, prácticamente no ha funcionado, pese a los 270 millones de dólares invertidos. La fábrica suspendió operaciones a fines del año pasado después de una muy pobre zafra azucarera. En sencillas palabras, se instaló una industria sin garantizar su materia prima para funcionar.

Es correcto que empresas como YPFB se mantengan en el Estado y que sean impulsadas y fortalecidas. Lo mismo se podría pensar de otras que corresponden a sectores estratégicos, como electricidad. ¿Pero el resto? ¿Cuál es la lógica detrás de haber abierto empresas estatales sin ton ni son, sin olvidar a algunas que estuvieron en manos de las FFAA, otro sector privilegiado, y que terminaron en sonoros fraudes y pérdidas millonarias para el fisco? Todo esto será una carga para futuras generaciones de bolivianos.

Por otro lado, la creación de empresas estatales nunca debiera representar una competencia desleal a las empresas privadas, algo que los empresarios bolivianos denuncian permanentemente y que ha sido visible en el caso, por ejemplo, de la aerolínea BoA. ¿No es acaso que el Estado también debe preservar la salud de la empresa privada e incursionar en los rubros en que ésta sea débil o no muestre interés en invertir a pesar de una necesidad nacional?
Lo cierto es que, dada la desinformación o la falta de datos abiertos para evaluar cada caso, se puede concluir que muchas empresas estatales son prescindibles y que su existencia obedecer a la lógica de acrecentar la presencia del Estado en la economía, como si esto fuera algo positivo en sí mismo. 

Es momento de sincerar los resultados y de que el Gobierno decida qué empresa cumple una función que amerite los esfuerzos y recursos que se le destina; además, que resigne la idea de seguir creando empresas cuando podría establecer alianzas con privados para mejorar condiciones de inversión que no represente seguir engrosando la planilla y el presupuesto estatal. 

Son muchas ideas planteadas, aunque hasta ahora, a pesar de las adversas evidencias, sin el menor eco en las decisiones económicas gubernamentales.
 

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