Editorial

Cierre de la oficina de DDHH en Bolivia

viernes, 12 de mayo de 2017 · 00:00
Ha sido polémica  la decisión tomada por Naciones Unidas y el Gobierno de Bolivia, de cerrar la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Unos dicen que esta oficina era innecesaria, y otros que esta acción reduce las posibilidades de defensa de los derechos humanos en el país.

Un comunicado de la Cancillería recordó que se autorizó el establecimiento de esa oficina en territorio nacional en 2007 con funciones de "asesoramiento en políticas públicas en derechos humanos”. Tras varios años transcurridos, agrega, esa labor ya no es necesaria, al mismo tiempo que Bolivia "reitera su firme compromiso con el respeto a los derechos humanos en el país y su disposición a continuar trabajando con la Oficina del Alto Comisionado”, que tiene base en Ginebra, Suiza.

Dos cosas deben señalarse aquí: lo primero la evidente falta de entendimiento de las autoridades bolivianas sobre los derechos humanos, y las garantías y compromisos que debe tener una democracia con ellos.  ¿Cómo, de otro modo, se puede entender que se sostenga que la labor de defensa de los mismos "ya no es necesaria”? 

Si tenemos en cuenta las amenazas, ataques y agresiones del Gobierno a líderes opositores, periodistas y entidades de la sociedad civil, esa aseveración gubernamental sólo se entiende porque detrás de ella está la convicción de nuestros gobernantes de que lo que se denuncia no son violaciones de derechos humanos. Como el Gobierno "es del pueblo”, éste no necesita garantías de respeto de sus derechos; insólito, pero cierto.

En segundo lugar, no está demás recordar que la oficina del Alto Comisionado en Bolivia no hizo todo lo que se esperaba para proteger esos derechos o denunciar violaciones a éstos  cometidas por el Gobierno.  

El representante saliente, Denis Racicot, guardó  silencio ante severas y permanentes violaciones a los derechos humanos en el país y apostó más por la cordialidad en sus relaciones con el gobierno. 

Ante detenciones de dirigentes opositores, amenazas a los periodistas, presiones contra ONG, abusos contra discapacitados y otros, la entidad y su representante prefirió callar. 

En descargo de Racicot se podría decir que la permanencia de la oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos en el país dependía de la frágil relación que éste pudiera mantener con el Gobierno, pero ese fue un precio demasiado alto para, como se vio al final, ningún resultado.

La excepción en ese comportamiento timorato fue el comunicado que emitió Racicot en defensa de los derechos del abogado Eduardo León, detenido por el caso Zapata. El representante del Alto Comisionado abogó porque se respete el  principio básico del debido proceso, por el cual los abogados no pueden ser acusados por defender a sus clientes. De haber hecho cosa similar con más frecuencia –no faltaron las ocasiones- hubiese podido partir con una misión cumplida.

Sin embargo, más allá de la figura del representante y de la presencia de esta oficina de Naciones Unidas a futuro, queda expuesta la incipiente cultura en derechos humanos que exhiben nuestras autoridades con cierta naturalidad. 

Es algo que expresaron hace unos días los miembros de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo que visitó el país en su informe ante la Eurocámara, a su retorno. "Nos dimos cuenta (de) que les costaba entender nuestro planteamiento sobre la defensa de los derechos humanos”, sostuvo Dan Preda, uno de los parlamentarios europeos. "Es un régimen que tiene una retórica revolucionaria pero (su) la revolución no va muy bien con la defensa de los derechos. Las ONG están muy preocupadas ante la forma en que el Gobierno se está comportando”, añadió.

De modo que la preocupación está instalada: aun si no hubiese registro –y lo hay- de denuncias de violaciones de derechos humanos en nuestro país, no es sensato afirmar que ya no se necesita un entidad que vigile por ellos. .

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