Ley de confiscación de empresas

sábado, 27 de mayo de 2017 · 00:00
El Gobierno propuso un proyecto de ley que ha sido visto como confiscatorio por los empresarios del país, ya que plantea que las empresas privadas que tengan dificultades económicas sean transferidas a los trabajadores. La propuesta causó revuelo y fue suspendida con fines de concertación cuando pasó a su tratamiento en el Senado, pero deja reflexiones sobre la ideología económica gubernamental.
 
Confiscar empresas es una de las características del régimen venezolano y explica en parte la crisis económica de ese país. El Gobierno boliviano difícilmente puede ver esto como un buen ejemplo; quizás por ello, y ante la firme respuesta de los empresarios -que se mostraron asustados y molestos, lo que no pasó ni con aumentos salariales ni pago de dobles aguinaldos-, el oficialismo dio un paso al costado en su medida. 
 
El proyecto, que fue remitido el pasado 11 de mayo por el Gobierno al presidente del Senado, José Alberto Gonzales, busca la creación de "empresas sociales”, sea lo que sea que ello signifique, basadas en la confiscación de empresas en procesos de quiebra, concurso o liquidación. 
 
El problema es que, según el proyecto de ley, si en tres meses una empresa mostraba dificultades en pagar salarios y otras responsabilidades, ya estaba en riesgo de ser confiscada. Incluso, la "disminución” de las actividades productivas, lo que puede ocurrir debido a los ciclos y las dificultades económicas, también sería razón para incautar una compañía.
 
Comprensiblemente, el proyecto generó verdadera alarma en el empresariado, y probablemente también en otros sectores de la sociedad. Esas empresas pasarían a manos de los trabajadores que, a base de créditos estatales, tratarían de salvarlas. Ya se puede prever el resultado: si una compañía atraviesa por problemas financieros, es muy dudoso que al ser administrada  por los trabajadores ésta  mejore, no habría razón para creer tal cosa. Y luego recibiría créditos, que nadie pagaría.
 
El Gobierno ha manejado la economía de manera relativamente adecuada, mejor que Ecuador o Venezuela, pero peor que Colombia o Perú. El crecimiento se ha explicado en los altos precios de las materias primas que vende el país y, una vez que éstos bajaron, el crecimiento depende de créditos y del uso de las reservas. Pero no se ha diversificado la economía y no se ha creado empleo sostenible. 
 
Las graves cargas sociales a las empresas formales han hecho que éstas entren muchas veces en crisis y que el sector informal, que ya era enormemente alto, crezca aún más. Confiscar ahora a empresas privadas sería un paso más en ese ataque al sector formal.

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