Sentencias contra Zapata y su entorno

domingo, 28 de mayo de 2017 · 00:00
Gabriela Zapata, la expareja del presidente Evo Morales, fue sentenciada a 10 años de cárcel por varios delitos relacionados con legitimación de ganancias ilícitas y asociación delictuosa. Cristina Choque, exdirectora de Gestión Social, recibió una sentencia de cuatro años y el chofer Jimmy Morales, de tres. Dos empresarios que aparentemente tuvieron relación con Zapata, Ricardo Alegría y Carlo Marvin Rodríguez, recibieron sanciones de dos años.
 
Los afectados señalaron que apelarán a las sentencias.
 
Fue un juicio rápido, para estándares bolivianos. Mientras otros pueden durar años o hasta décadas sin tener una sentencia del juez, como los del caso Hotel Las Américas y Leopoldo Fernández, éste, en un año y dos meses, produjo un veredicto.
 
La interferencia política de estos juicios es evidente y marca una de las mayores vergüenzas del sistema judicial en tiempos modernos en Bolivia. Zapata y los demás sindicados fueron acusados de enriquecimiento ilícito, se supone que gracias a sus relaciones con el Estado, sin que ninguna contraparte gubernamental fuera sancionada también. O sea que Zapata se enriqueció gracias a sus relaciones con autoridades y al mismo tiempo, no se sabe cómo, lo hizo ella sola, únicamente aprovechando de su amistad con un chofer y una exdirectora de departamento.
 
Luego se la acusó también, en el extremo más absurdo, de tráfico de menores porque, para intentar demostrar que su supuesto hijo seguía vivo, presentó ante una jueza a un niño que no era su vástago. Ella y su entorno, incluidos sus abogados y Ximena Fortún, que tuvo la mala idea de prestarle dinero, cayeron dentro de esa insostenible acusación. Cosas que ocurren sólo en un país en el que la justicia hace lo que sea para exculpar a las máximas autoridades.
 
Zapata logró el cargo de gerente comercial de CAMC, que firmó contratos de 560 millones de dólares con el Estado, sin ser profesional ni tener la experiencia necesaria. El oficialismo, tanto en la comisión especial del Legislativo como en la Fiscalía y juzgados, evitó que los ejecutivos chinos testificaran para poder conocer por qué la contrataron, algo que era clave para entender el asunto.
 
El sentido común indica que Zapata logró ese cargo debido al vínculo que mantenía con autoridades de Gobierno gracias a que en el pasado mantuvo una relación amorosa con el presidente Evo Morales. Según una versión de la historia, le informó a Morales en 2007 que tuvo un hijo, pero éste ni se molestó en comprobarlo y durante nueve años creyó aquello. Luego, simplemente, expresó que "el niño nunca había nacido” y acusó a la oposición y a los medios de generar esa "mentira”. El escándalo, de paso, demostró la manera cómo el Presidente conduce sus relaciones personales: con desapego y frialdad.
 
Luego, atrapados por un escándalo de graves proporciones, las autoridades, como en otras ocasiones, creyeron que pasando a la ofensiva, en vez de minimizar los hechos o explicarlos con tranquilidad, acabaría con el escándalo. Ello, como se sabe, no ocurrió.
 
Por eso, Zapata es a la vez causante del problema y víctima. Sí, es probable que usara sus relaciones con Morales y otras autoridades para enriquecerse. Pero al no ser acusado nadie que le haya ayudado a lograr ese enriquecimiento, excepto un chofer y otra funcionaria menor, Zapata es también víctima. Como ocurre cuando la justicia no es independiente, uno de los principales involucrados, el exministro Juan Ramón Quintana, jefe de la oficina de Gestión Social donde supuestamente operaba Zapata, sólo fue llamado a declarar como "testigo”. Y luego fue premiado con la embajada en Cuba.
 
Zapata y los demás acusados tienen la mala suerte de ser parte de un entramado que le ha quitado popularidad al Gobierno y credibilidad al Presidente, y que ayudó a que venciera la opción No en el referéndum de 2016. También es probable que el recuerdo de la polémica le impida reelegirse en 2020. Por ello Zapata y su entorno deben pagar con la cárcel.

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