Editorial

Por una información transparente

miércoles, 31 de mayo de 2017 · 00:00
Abrir los datos, compartirlos, permitir el acceso a la información pública son derechos a la información y muestras de transparencia y rendición de cuentas que favorecen a una sociedad democrática. En el mundo la tendencia a liberar datos e información pública es cada vez mayor, de manera que los Estados y las instituciones se vean obligados por un lado a generarlos y por el otro a procesarlos para transparentarlos.

Esto atañe tanto a lo público como a lo privado. Por ejemplo, se conoció recientemente que los accionistas de las empresas petroleras en EEUU, están siendo obligados a la divulgación de datos para medir cuánto estas empresas están expuestas a riesgos climáticos, principalmente la devaluación de activos por su obsolescencia.  En lo público, el acceso a datos actualizados es también una obligación.

No es, lastimosamente, la tendencia en nuestro país, donde, por el contrario, en los últimos años hemos ido en retroceso, siendo menores, más escuetos y difíciles de acceder a los datos que corresponden a la gestión pública.

Como muestra, desde el pasado 11 de mayo, YPFB Transportes dejó de publicar la información de envíos de gas. De la misma manera, desde 2014, información relacionada con la ejecución presupuestaria que publicaba el  Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) no ha sido actualizada. Lo mismo ocurre con los datos de costos recuperables que  YPFB dejó de incluir  en su página web desde 2012. Tampoco se tienen estados financieros actualizados de empresas estatales. Tampoco hay   reportes mensuales  de recaudaciones provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) por parte del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), también desde 2014,  año en el que se hizo evidente la caída de los precios de los hidrocarburos.

 Actualmente no existe en el país una ley  de transparencia y acceso a la información pública; sin embargo, se encuentra en vigencia el Decreto Supremo 28168, de Acceso a la Información Pública, que garantiza el acceso a la información y la transparencia en la gestión de Gobierno, con algunas excepciones.

 Es evidente que ninguna autoridad ni entidad estatal, tampoco la empresa privada, tienen predisposición para liberar datos, lo que no sólo empobrece el análisis de muchos indicadores importantes para el país, sino que limita los derechos democráticos. En todos los ámbitos, se muestra excesiva susceptibilidad a las críticas, como si ocultar o maquillar cifras y datos fuese deseable y no una vulneración de derechos. Evitar las preguntas incómodas y el debate público es casi un objetivo de todas las autoridades nacionales y nadie cuestiona esta práctica.

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