Editorial

Contratos de YPFB deben ser aclarados

jueves, 4 de mayo de 2017 · 00:00
Las graves irregularidades ya denunciadas por este periódico en el caso de las empresas italianas Drillmec yTecnimont han echado una sombra de sospechas sobre el modo como opera YPFB, el mayor contratador del Estado.

Las presunciones de corrupción sobre los contratos con estas transnacionales (uno de ellos, el de la Planta de Propileno y Polipropileno, con Tecnimont, llega a 2.200 millones de dólares y es el más elevado de la historia del país) afectan la reputación de la empresa bandera del país y, con ello, los más importantes proyectos de inversión y desarrollo de este Gobierno.

Estas no son las primeras ni únicas denuncias de corrupción que afectan a la estatal petrolera.
 
Recordemos, por ejemplo, los denominados casos Rutgrats y Catller. Este último llevó a prisión a uno de los más íntimos colaboradores del presidente Evo Morales, Santos Ramírez. 

Sin embargo, nada de lo mostrado e informado ha causado cambios en la estructura y forma de trabajo de la petrolera estatal; lo que hace que la imagen de la misma diste mucho de la que el Gobierno ha querido mostrar como el puntal del manejo de los recursos del país y responsable del presente y futuro de los proyectos en los que se depositan las mayores expectativas de desarrollo.

No es un tema menor: YPFB es el mayor contratador del Estado. La mayor parte de los préstamos del Banco Central de Bolivia -alrededor de 4.000 millones de dólares-  han sido concedidos a YPFB. Sin embargo, prácticamente todos los presidentes de esta entidad han encarado procesos y denuncias por corrupción e irregularidades.

El domingo pasado, el experto Hugo del Granado sostenía que las arbitrariedades e irregularidades que se cometen permanentemente en los contratos que firma la estatal son la puerta a la corrupción y que, además, entre los funcionarios de YPFB –desde las principales autoridades hasta el personal de menor rango- se ha asumido que la corrupción no se castiga. 

Todo hace parte de un dispendio de recursos que debe ser explicado, como el hecho de que todas las contrataciones son directas; o los casos en los que la elección de las empresas, los productos y los precios de los mismos son objeto de maniobras non sanctas. 

Hay también evidencia de que muchos de los contratos no están siendo debidamente fiscalizados y no se están cumpliendo los plazos y calidad estipuladas ; o que se está haciendo adquisiciones innecesarias y megaobras inútiles.

Cuando surgieron observaciones al contrato de carreteras con la empresa española Corsán Corvian (a cargo de la ABC), que abandonó el país sin concluir las obras para las que había sido contratada, el presidente Evo Morales sostuvo que, gracias al cobro de las boletas de garantía, el Estado boliviano no perdía dinero sino solamente tiempo. Es insólita la explicación ya que no sólo se daña al Estado con obras o adquisiciones con precios más altos que en el mercado, o de mala calidad, o que no sirven para nada, sino con el tiempo que se pierde en estos proyectos y que representa daño para el país.

Del Granado afirma que es difícil cuantificar cuánto le ha quitado al país la corrupción en YPFB, pues puede haber licitaciones y procesos limpios, pero que las irregularidades se han extendido de tal manera que hasta las contrataciones más pequeñas presentan problemas y no están transparentadas en la información al público y los medios. 

La paradoja de que antes se responden los requerimientos de informe de la oposición que las preguntas de la prensa, muestra el grado de opacidad en estas empresas. Lo lamentable es que ni siquiera los procesos como el emprendido loablemente por la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos y que evidenció las irregularidades del caso Drillmec, aterrizan en sanciones ejemplarizadoras o reconducción de procesos. Es más, el presidente de YPFB, Guillermo Achá, ha dicho que no renunciará, y que deberá ser el Presidente quien lo despida. En Presidencia, por supuesto, no se hizo nada.

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