Editorial

Escuela de Jueces y los males de la justicia

jueves, 1 de junio de 2017 · 00:00
La Escuela de Jueces de Bolivia, dependiente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en sus escasos cinco años de existencia dio una lección de cómo no se debe administrar una institución. 

De acuerdo a datos oficiales difundidos por Página Siete, el citado centro de formación de jueces destinó el 80% de sus recursos económicos a gastos administrativos en los últimos dos años.
Los gastos administrativos comprenden el pago de salarios y gastos operativos, como oficina, servicios y otros.

La Escuela de Jueces recibió en los cinco años de vigencia  un presupuesto de 35,5 millones de bolivianos y formó solamente a 171 futuros jueces durante un año, lo que quiere decir que la especialidad de cada futura autoridad judicial le costó al Estado unos 204 mil bolivianos. 

En 2016, la asignación de la Escuela de Jueces fue de seis millones de bolivianos, de los cuales  4,7 millones fueron a parar a gastos administrativos; mientras que el 2017, de los 6,4 millones de bolivianos recibidos, 5,1 millones de bolivianos están presupuestados para ese mismo fin.

Por lo general, lo que se recomienda es que exista una relación inversa, es decir que  la mayor parte de los ingresos (más o menos el 80%) debe estar destinado a la misión para la que ha sido creada la institución, en este caso  para la formación académica de jueces, y la menor cantidad del dinero (el 20% restante) puede ser usado en gastos de operación.

 Por otro lado, también se ha conocido que la mitad de las resoluciones emitidas por la Escuela de Jueces tiene que ver con la modificación de su presupuesto, concretamente para la dotación de pasajes, viáticos y gastos de estadía en viajes al interior del país. 

Considerando la situación de descrédito en la que se encuentra la justicia, este aparente dispendio de recursos podría ser una raya más en el pelaje del tigre, sin embargo, no deja de ser contraproducente que se manejen de esa forma los escasos recursos de los que dispone el Órgano Judicial.

Actualmente, ese Órgano sólo percibe el 1% del presupuesto del Estado, lo que resulta totalmente insuficiente, según reconocieron las propias autoridades del Gobierno nacional. 

Parece existir consenso de que el Órgano Judicial esté mejor dotado de recursos como una forma de encarar la severa crisis en la que se encuentra; sin embargo, si la administración de los fondos va a ser tan dispendiosa como ocurre en la Escuela de Jueces, entonces será mejor repensar esa posibilidad.

Los legisladores opositores han anunciado que pedirán informes al Tribunal Supremo de Justicia  para conocer por qué se ha producido esta forma de distribuir los recursos. 

Sería importante que los responsables de esta administración respondan con transparencia y que cambien su accionar en 180 grados para permitir una verdadera formación de los futuros operadores de justicia.

El país está necesitado de buenos y honestos jueces, por lo que se hace imperioso que esa escuela cumpla los objetivos para los que ha sido creada o, caso contrario, estaría poniendo en duda su propia existencia.

A juzgar por lo sucedido, los responsables de esa distribución presupuestaria necesitan asistir a una escuela de administradores para aprender a manejar con eficiencia y transparencia los recursos del Estado.

Los males que aquejan a la justicia actualmente son la excesiva retardación, la indisimulada corrupción y la escasez de recursos para encarar cualquier plan de reestructuración. Ahora habrá que agregarle a esta lista  el dispendio de recursos públicos.

En ese contexto, la Asamblea Legislativa encara un proceso para la selección de candidatos a magistrados, los que asumirán la enorme responsabilidad de cambiar la justicia boliviana, algo que es poco probable que ocurra a juzgar por los males estructurales y porque se están replicando los procedimientos de selección politizados.

Sólo un cambio verdadero podrá evitar que los ciudadanos lancen  un escupitajo al sistema judicial.

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