Editorial

Los culpables de la corrupción

jueves, 22 de junio de 2017 · 00:00
A decir del presidente Evo Morales, los culpables de la corrupción o, al menos, de que la gente perciba que este mal está incrustado en el Estado  son los medios de comunicación. Esa es la explicación que dio para el último escándalo de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). 

Cuando admite que puede existir alguna irregularidad en su Gobierno, el mandatario descarga la responsabilidad en los técnicos y asesores, como ocurrió en el Fondo Indígena.

De esa manera, el Presidente libera de faltas o delitos  a sus colaboradores y a los dirigentes sociales que apuntalan al Gobierno.

La palabra del presidente Evo Morales, en un país donde el poder se encuentra concentrado en su persona, tiene el peso de una sentencia, porque los jueces subordinados al poder político y deseosos de conseguir un nuevo cargo en la judicatura, dan por hecho que la versión del mandatario es la verdad absoluta y orientan sus fallos en ese sentido.

En el caso del Fondo Indígena, Morales carga la responsabilidad sobre los técnicos, a sabiendas que los dirigentes sociales tenían voz de mando y poder de veto.

Por otro lado, es un contrasentido que el Presidente acuse a los técnicos, cuando él mismo  en una ocasión dijo que, ante las trabas  legales, él le mete nomás y luego deja a los abogados que arreglen lo que queda. Los abogados no son otros que  los técnicos a los que ahora acusa de ser los responsables de un caso concreto de corrupción, como es el del Fondo Indígena. 

Lo que lastimosamente impera en el Estado es la discrecionalidad, porque las licitaciones pasaron de moda, las leyes cayeron en desuso y los procedimientos se relajaron a tal extremo que todo está permitido con tal de cumplir con los plazos acelerados que imponen las propias autoridades. Y, ese camino, está claro, conduce a la corrupción.

En el caso de YPFB, el Presidente no puede acusar a los medios de comunicación por la compra irregular de los taladros de la italiana Drillmec, por el contrario debería estar agradecido, primero, con la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos porque sacó a la luz las irregularidades  y, segundo, con los medios que hicieron seguimiento al tema.

Tanto el caso del Fondo Indígena como el de YPFB (el último, sin contar los anteriores) involucran sumas cuantiosas del erario público por lo que el mandatario haría bien en tomarse en serio las denuncias en vez de achacar culpas a quienes no las tienen. De esa forma, podría enviar un mensaje de certidumbre a la ciudadanía en el sentido que él no apaña actos irregulares en su Gobierno.

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