editorial

Acusaciones contra Lula y Humala

martes, 18 de julio de 2017 · 00:00
Brasil y Perú viven días históricos en Sudamérica en lo que se refiere al trabajo de la justicia con respecto a poderosos personajes de la política. Por primera vez un expresidente brasileño ha sido formalmente condenado a una pena privativa de libertad. El afamado juez Sergio Moro, que ha logrado la detención de decenas de exautoridades y empresarios brasileños en el marco de la investigación de los hechos de corrupción que se montaron alrededor de Petrobras, dio una sentencia de 9,5 años contra el otrora popular dirigente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva.

El caso está en apelación y Moro ha aceptado que Lula permanezca en libertad mientras se alcanza la sentencia definitiva. La Fiscalía ha señalado que pedirá una pena aun mayor, mientras el exmandatario insiste en su inocencia.

Lula fue encontrado culpable de aceptar 1,1 millones de dólares en sobornos de la empresa constructora OAS, entregados supuestamente en forma de amueblado y refacciones de un lujoso apartamento tríplex ubicado frente al mar en Guarujá, en el estado de Sao Paulo. Se cree que Lula aceptó también el departamento como soborno a cambio de entregarle a OAS importantes obras de financiamiento estatal. Lula es acusado de otros actos de corrupción que siguen en investigación.

No era un secreto para nadie que las grandes empresas brasileñas, entre ellas OAS y Odebrecht, tenían una relación íntima con el Gobierno de su país. Brasil financió o buscó financiar trabajos de infraestructura en varios países de la región mediante el BNDES de Brasil. Los créditos tenían como condición que empresas brasileñas fueran las ganadoras de los contratos.

En ese sentido, y demostrando la relación estrecha que Lula tenía con OAS, el exmandatario brasileño viajó a Bolivia en el avión del propietario de esa empresa, Leo Pinheiro, actualmente detenido por corrupción en su país. El viaje de Pinheiro y Lula Da Silva estaba destinado a apoyar la construcción de la carretera por el TIPNIS, que finalmente no se pudo concretar por las dudas sobre el sobreprecio de la obra y las graves consecuencias ambientales y sociales para el parque.

Perú es el otro país que ha hecho noticia respecto de un expresidente, en este caso el de Ollanta Humala, enviado durante 18 meses a prisión mientras su caso se ventila en los tribunales. Humala es acusado de haber recibido tres millones de dólares de Odebrecht para ser usados en la campaña electoral de 2011 y de haber dispuesto de dinero "ilícito” procedente del gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez para la campaña de 2006. Humala ha sido enviado al penal de Barbadillo, mientras su esposa, Nadine Heredia, al penal de Santa Mónica. 

Con esta decisión, el expresidente Ollanta Humala se une a  los también expresidentes peruanos Alejandro Toledo, prófugo en EEUU,  acusado también de haber recibido sobornos de Odebrecht, y Alberto Fujimori, condenado por diversos casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos en su gestión. 

El juez peruano Richard Concepción Carhuancho resistió todas las presiones y ordenó la detención de Humala y su esposa.

El caso de Odebrecht, una empresa que usaba millones de dólares anuales para sobornar a autoridades de toda la región, sigue ocasionando por ello un "terremoto” en todo el continente.
 
Cuando Humala y Heredia eran conducidos a sus celdas, se conocía que en Guatemala varias decenas de personas también eran encarceladas, entre ellas exdiplomáticos de ese país.

El caso puede verse desde dos perspectivas diferentes. Una es, obviamente, lo lamentable de una situación en la que los principales líderes políticos de los países de la región cayeron ante la tentación de sobornos ofrecidos por grandes corporaciones empresariales. La otra es que debe llenar de satisfacción que algunos países tengan un sistema judicial que enfrente las presiones y termine sancionando a los culpables, por más poderosos que sean.

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