editorial

Nuevo retraso en la Gestora Pública

viernes, 29 de septiembre de 2017 · 00:00
El retraso  se observa en varios aspectos de la administración pública, pero es especialmente evidente en el tema del lanzamiento de la Gestora, la entidad estatal que reemplazará a las dos AFP que actualmente administran los recursos de la jubilación de los bolivianos.

El ministro de Economía, Mario Guillén, informó que la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo comenzará a funcionar en marzo de 2019, es decir dentro de 18 meses. Es la segunda vez que se pospone su puesta en marcha. Originalmente la Gestora Pública tenía que nacer en julio del año pasado.

Esta vez, la razón dada por el ministro Guillén para tomar la decisión de postergar su inauguración es que la Gestora no ha logrado la migración de datos de 2,1 millones de ciudadanos bolivianos que tienen aportes en el sistema individual. Se ha argumentado que las dos AFP tienen diferentes programas de administración de datos y que por ello ha sido difícil consolidar esa información en una sola base de datos.

La explicación es insuficiente. Cualquier profesional informático debería poder desarrollar ese programa, aparte de poder comprarlo en el mercado en precios razonables. Lo increíble en este caso es que el Gobierno ha pagado a la empresa SYSDE Internacional la suma de 35,8 millones de bolivianos por ese software, aparte de tres consultorías, cada una por 2,5 millones de bolivianos. Aun así no puede terminar el trabajo.

Las dificultades de la Gestora, además de los elevados emolumentos que paga al personal que contrata, son preocupantes. Hasta ahora ha gastado, sin mayores resultados para los bolivianos, la friolera de 47,7 millones de bolivianos de los 80 que recibió originalmente. Luego, obtuvo 120 millones más.

En este caso, sin embargo, esta demora no deja de ser positiva para la sociedad boliviana. La idea de crear la Gestora Pública y quitarle las responsabilidades a las AFP, es muy riesgosa. El temor de varios especialistas es que, en momentos en que el Gobierno requiere de recursos ante la falta de liquidez causada por la baja del precio de los hidrocarburos, eche mano de los que tendrá la Gestora. Habrá que aclarar que esos recursos no le pertenecen al Estado sino a todos los bolivianos que aportan para su futura jubilación.

La ley que da inicio a la Gestora Pública autoriza que ésta invierta en diferentes emprendimientos, tanto públicos como privados. Precisamente el riesgo se basa en ello, en la posibilidad de que, como ocurrió con el antiguo sistema de reparto, esos recursos sean dilapidados, dejando en duda la sostenibilidad de las pensiones de los trabajadores.

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