editorial

Denegado el acceso a la información

miércoles, 17 de enero de 2018 · 00:00

El acceso a la información es un derecho ciudadano denegado en Bolivia. Si bien rige el Decreto Supremo 28168 del gobierno de Carlos Mesa, las entidades de todos los niveles del Estado y, particularmente, del Gobierno central tienden al secretismo respecto a sus actividades.


Es más, los pocos avances que se habían dado en esta materia han sido restringidos o anulados, para evitar el escrutinio público en las instituciones y la difusión de noticias que puedan considerarse negativas. 


Por sólo citar algunos ejemplos, corrieron esta suerte los datos comparativos de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos (ahora sólo se puede ver la del año actual), los reportes de envíos de gas a Brasil y Argentina, la ejecución presupuestaria en el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), los costos recuperables de YPFB, entre otros informes considerados sensibles.


Incluso, datos más sencillos e imprescindibles del conocimiento público tampoco están disponibles en los sitios web de las instituciones públicas, como la lista del personal, los salarios de los funcionarios y los presupuestos anuales. Ni qué decir de los informes de auditoría o quejas de la ciudadanía por las fallas en la atención.


Toda la información pública debiera ser de libre acceso para los ciudadanos en general y los periodistas en particular, en el entendido de que estos son intermediarios entre el poder público y el interés ciudadano. 


 Sin embargo, un reciente informe de Página Siete estableció que no existe libre acceso a la información y que los periodistas pueden estar meses detrás de informes oficiales sin conseguirlos.


Lo irónico del reportaje es que el equipo periodístico que lo elaboró no pudo acceder ni siquiera al Viceministerio de Transparencia para conocer más datos al respecto, tuvo que presentar la consulta al guardia de la puerta, quien, en su papel de intermediario, dijo que ésta debía ser remitida a la unidad de comunicación, la que después de cuatro días respondió que el viceministro encargado del tema estaba de viaje. 


Así está la transparencia informativa. Si un periodista no puede ni poner un pie en el viceministerio asignado a velar por la transparencia de la información pública, qué se puede esperar de otras instituciones y, peor aún, qué se puede esperar de la atención al ciudadano común.


Bolivia es de los pocos países de la región que carece de una Ley de Transparencia Informativa.  El año 2013 se hizo un intento de introducir el tema en el debate legislativo, sin embargo, éste no prosperó debido a que el oficialismo pretendía aprobar restricciones que no fueron aceptadas por los gremios periodísticos.


Página Siete, al que el Gobierno acusa de dar voz preferentemente a la oposición, cada día encuentra trabas para acceder a las fuentes del Gobierno.  Incluso, la directora y la subdirectora, que hacen una entrevista semanal a alguna personalidad pública del país ligada a la coyuntura informativa, reciben el rechazo sistemático de autoridades gubernamentales, salvo contadas excepciones, para participar en ese espacio. 


En todo caso, la ausencia de una fuente no puede ser motivo para dejar de informar, y eso es lo que hace este medio día a día, buscar la información para entregársela a sus lectores con independencia y pluralismo.


Lo que tiene que entender el Gobierno es que el acceso a la información es un derecho ciudadano y que los funcionarios públicos están obligados a entregarla sin cortapisas porque ellos se deben a sus mandantes.


Las autoridades de todos los niveles del Estado fueron elegidas o designadas para administrar los intereses de todos. Esto quiere decir que están en sus puestos para administrar un patrimonio ajeno y, en tal sentido, deben rendir cuentas del manejo de esos recursos a sus dueños.


 No bastan las rendiciones de cuentas públicas a las que acuden los sectores afines a aplaudir la gestión de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) para cumplir un requisito y nada más.

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