Editorial

Nuevo indulto presidencial

sábado, 29 de diciembre de 2018 · 00:15

 El presidente Evo Morales volvió a aprobar un decreto de indulto, uno más durante su gestión, y el enésimo en las últimas dos décadas.

La aprobación del reciente decreto, emitido el 24 de diciembre, sin duda es un regalo de Navidad para miles de personas y sus familias. Es correcto que el Primer Mandatario haya tomado esa decisión, que en este caso, aseguran las autoridades, beneficiará a 2.535 internos de todo el país.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, expresó que la amnistía está orientada a detenidos preventivos o con medidas sustitutivas, más presos que tienen sentencia ejecutoriada y que han cumplido la mayor parte de ella.

Como siempre, el Gobierno no es capaz de  actuar de manera magnánima: para evitar que los acusados de los casos Porvenir y Hotel Las Américas, a todas luces infundados, el decreto establece que no se beneficiarán con la medida los acusados de delitos de “terrorismo”, “separatismo” y otros.

La amnistía beneficiará a aquellos cuyas penas sean iguales o menores a cinco años de cárcel, con excepciones como ser violencia económica, familiar y otros; y penas menores o iguales a ocho años, salvo en casos de estupro, pornografía y delitos relacionados.

Si bien estas medidas son positivas, en el pasado ha ocurrido que los jueces que deben revisar los casos de los potenciales beneficiarios han demorado meses y hasta años en dar un veredicto.

Esto demuestra que el problema de la retardación de justicia está impregnado en el sistema. Los operadores de justicia son el principal escollo aquí: jueces y fiscales actúan coordinadamente, ambos polos deseosos de meter a la cárcel a los acusados, sean inocentes o no, para luego extorsionarlos y amedrentarlos. Lamentablemente, la  boliviana es una de las peores justicias de América y quizás del mundo.

Si bien el perdón judicial establecido por Morales y su gabinete es positivo, es también insuficiente. 

La verdadera reforma de la justicia se dará cuando los jueces y fiscales sean independientes, elegidos mediante sistema meritocráticos y  tengan para trabajar herramientas que, por ejemplo, no permitan la detención preventiva indefinida. En otros países de la región, ésta puede aplicarse con tiempo previamente fijado. Si transcurrido éste el proceso judicial no ha llegado a su fin, la persona debe quedar libre.

El Gobierno piensa en toda suerte de soluciones a la justicia, menos las más obvias. En la simplicidad podría estar la respuesta a problemas complejos, no en complejizarlos aún más. 

Con todo, el indulto de Navidad es positivo.
 

 

 

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