Editorial

Dos atentados en Oruro sin resolver

jueves, 15 de marzo de 2018 · 00:00

   Ya ha pasado más de un mes desde los atentados ocurridos en Oruro durante los feriados de Carnaval. Desde entonces, las autoridades policiales  no han logrado tener siquiera un indicio más o menos fiable de quiénes podrían ser los responsables.


Hubo varias hipótesis hasta la fecha, algunas contradictorias entre sí, pero la investigación no ha aportado luces sobre los dramáticos hechos. En dos explosiones, ocurridas el 10 y el 13 de febrero, murieron 12 personas y 50 resultaron heridas, algunas de gravedad. Fueron los atentados explosivos más graves de la historia boliviana.


El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, dijo el 15 de febrero que en un período de 10 días se tendrían resultados. Ello no se cumplió y luego se estableció un plazo de 80 días, que vence el 4 de mayo.


Inicialmente, la Policía atribuyó la primera detonación al mal manejo de una garrafa de gas de un puesto de comida instalado en la calle, pero esto fue luego descartado al conocerse la segunda explosión, que hizo que se revisara la conclusión de la investigación de la primera. En la segunda el delincuente que cometió el atentado utilizó anfo (mezcla de nitrato de amonio y combustible), un elemento que ayuda a aumentar la magnitud de la deflagración.


Este mes las autoridades han dado distintas explicaciones del atentado. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó por ejemplo que la hipótesis que más cobraba fuerza era la de un enfrentamiento familiar.


El director de la FELCC de La Paz, Johnny Aguilera, afirmó que quien planificó las dos explosiones tiene un “perfil sicópata”. Otros voceros policiales han dado más explicaciones.


La más grave declaración la dio el comandante de la Policía, general Faustino Mendoza, quien directamente acusó a una entidad militar de haber provisto la sustancia. “Es un explosivo que se conoce como dinamita en gel, hidrogel”, dijo, y luego señaló que Fanexa, la fábrica de explosivos que depende de las FFAA, es la única que lo comercializa. Nada surgió tampoco de ello.


Tampoco ayudó en nada la oferta del presidente Evo Morales de que quien diera información obtendría una recompensa de 150 mil bolivianos.


Finalmente, en estos días el comandante policial anunció que perseguirán a las personas que incurrieron en “terrorismo en las redes sociales” por difundir información falsa que causó  zozobra en la población.


Después de la segunda explosión en Oruro, el 13 de febrero, en redes sociales circularon reportes falsos como supuestas explosiones en otras zonas de la ciudad o que personas iban portando armas.

“La desinformación (...) es parte del terrorismo”, dijo Mendoza, quien además indicó que “las investigaciones están avanzadas, se están descartando algunas hipótesis y se está trabajando sobre otras que son más serias”.


También mencionó que una de las dificultades es que no hay cámaras de seguridad suficientes en los lugares donde ocurrieron las explosiones; por ello, se están  agotando todas las instancias para recabar información.


Pero, lo definitivo es que aún no se hallan a los responsables.


No puede ser que, habiendo interrogado a decenas de personas, analizado el contenido de filmaciones de cámaras de seguridad e investigado a detalle el lugar de los hechos, la Policía no tenga el mínimo indicio de quién cometió el delito ni los móviles del mismo. Es, asimismo, cuestionable que no pudiendo esclarecer estos hechos –que no pueden sino llamarse de terrorismo-, se dispongan ahora a perseguir a los que opinaron en las redes sociales.  


Según el diccionario, terrorismo es “la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general” y esto fue exactamente lo que sucedió en las dos oportunidades en Oruro.


Es preocupante que la Policía no tenga mejor noticia que informar que persigue a los agoreros de las redes sociales y no encuentra a los criminales. Esto demuestra las carencias, materiales y humanas, de esa entidad.

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