Editorial

El mal manejo de la crisis de Yungas

sábado, 1 de septiembre de 2018 · 00:15

Respecto de los sucesos ocurridos recientemente en las cercanías de La Asunta es cierto se debe rechazar el accionar de los cocaleros. No se puede aceptar que un grupo de campesinos agreda con dinamitas y armas de fuego a un grupo de uniformados encargados de la erradicación de cocales y que, mediante esas acciones, mate a uno de ellos y deje heridos a otros siete.

Estos hechos deben ser investigados seriamente y sus responsables deben ser sancionados. El Estado debe poder cumplir con sus acciones de control y aplicación de la ley, en este caso la que pone límites a las plantaciones de coca.

Sin embargo, lo que ha hecho mal el Gobierno, por intermedio del ministro Carlos Romero, es pretender establecer, sin la mínima investigación previa, que el dirigente máximo de los cocaleros de Yungas, Franclin Gutiérrez, sea el “autor intelectual” de ese ataque. Ello no podría descartarse, pero para llegar a tan serias conclusiones se necesita de un proceso largo de pesquisas.

Mientras tanto, Gutiérrez está preso y los yungueños, marchando a La Paz para exigir su liberación.

La acusación contra Gutiérrez, tan apresurada, no parece ser más que una vendetta del oficialismo contra un líder díscolo, que se ha opuesto tenazmente a las presiones gubernamentales y a la muy mala idea del MAS de autorizar el aumento de los cocales del Chapare, mediante ley de febrero de 2017, a sabiendas que casi toda esa producción se va al narcotráfico.

El MAS, con la mencionada norma, de manera imprevista, logró dividir al movimiento cocalero y se enfrentó a la mitad de éste, precisamente el que desarrolla su producción en Yungas, donde se concentra especialmente la coca destinada al consumo legal.

El manejo gubernamental al respecto es absurdo y tonto: la famosa ley que amplía los cocales para el Chapare era innecesaria, porque de todos modos se produce allí más coca de la permitida por ley. Por lo tanto, no valía la pena su aprobación.

Los hechos posteriores, además, demostraron que la forma displicente y distante con la que el presidente Evo Morales trata a los sectores sociales que se distancian del oficialismo solamente empeora las cosas. Con un poco más de tacto político se podría haber mantenido al Chapare y Yungas en su tradicional posición fiel al Gobierno. La inoperancia hizo que sucediera algo que no parecía posible: que nada menos un sector de cocaleros organice movilizaciones contra un mandatario cocalero.

Pero eso no es todo, la tensión se ha agravado desde que otros dos cocaleros, esta vez de La Asunta, murieron por disparos de balas en la cabeza.

El Gobierno habla de fuerzas irregulares y (casi) guerrilleras, lo que no hace sino empeorar el diagnóstico: si se habla de grupos irregulares es porque el uso ilegal de la coca es ya un hecho (algo permanentemente negado por el Gobierno); y si lo es en los Yungas, ¿qué puede esperarse del Chapare?

Son casi dos años que empezaron los problemas entre la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) y el Gobierno y ahora esta ruptura parece irreversible.

Precisamente cuando al Gobierno y al Presidente les interesa estrechar lazos con sus bases cocaleras, Yungas decide hacer frente a una ley que considera injusta, e incluso su máximo dirigente se anuncia como candidato a las elecciones venideras, con el ofrecimiento de “acabar” con la coca excedentaria y destinada al narcotráfico (la del Chapare).

No es el mejor escenario para un Gobierno en campaña electoral, y menos para un Presidente/candidato que nunca ha querido renunciar a su condición de líder cocalero. Sin embargo, el mal manejo de esta crisis puede ocasionarle otro de los dolores de cabeza que, al parecer, se le van a presentar en este camino obstinado a permanecer en el poder: la coca de sus acólitos chapareños es coca para el narcotráfico y lo que es peor, el apoyo a su figura y candidatura de parte de sus bases más cercanas ha quedado partido en dos por estas razones.

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