Editorial

Intentos por salvar a La Manada boliviana

viernes, 11 de enero de 2019 · 00:15

La violación grupal a una joven de Santa Cruz, ocurrida en diciembre, ha conmocionado al país. La indignación ha sido expresada mediante redes sociales, en protestas callejeras y en ámbitos públicos y políticos. Sin embargo, lo que ahora llama la atención es el sistemático intento por desviar la investigación para liberar de responsabilidad a los acusados.

Un recuento de Página Siete estableció 14 hechos que van desde preguntas sin respuestas, irregularidades obvias hasta los agujeros negros en la investigación del caso.

La madre de la víctima ha denunciado que se enfrenta a un poder económico enorme que busca torcer los hechos y, a juzgar por recuento citado aquí, ella tiene razón.

Para empezar, la vagoneta en la que la víctima fue traslada al motel, y de ahí a una clínica, fue entregada a las autoridades lavada, una semana después del hecho. Pese a eso, el dueño del vehículo no fue convocado a declarar.

Por otro lado, los acusados que trasladaron a la víctima desde el motel a la clínica se perdieron en el camino con ella por casi una hora y cuando llegaron la joven estaba mojada. Los acusados aseguran que se rompió una cañería en el motel, lo cual no ha sido probado. ¿Dónde la llevaron y para qué?

Uno de los cuatro acusados no entregó su celular argumentando que no usa ese tipo de aparatos, lo cual resulta inverosímil porque en un video se lo observa usando un teléfono móvil y, tratándose de jóvenes pudientes, es poco probable que no tengan acceso a un celular.

Por si fuera poco una audiencia de reconstrucción de los hechos fue suspendida porque los acusados se ocultaron en la cárcel de Palmasola, exhibiendo su intencionalidad de obstruir la justicia.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, también observó, al menos, la falta de celeridad en el caso e hizo notar  algunas de las irregularidades.

De los cinco participantes de la violación grupal, cuatro se encuentran recluidos en Palmasola y uno está en un centro de rehabilitación porque se trata de un menor de edad. Los detenidos trataron de obtener su libertad, pero la acción fue negada precisamente porque se detectó obstrucción a la investigación.

La justicia boliviana, igual que el Ministerio Público, se encuentran en un periodo de fuerte descrédito y, a juzgar por los hechos señalados, este caso busca ser torcido en beneficio de los acusados. 

Fue una buena decisión que se les haya negado la libertad, pero no es suficiente. 

Las autoridades deben demostrar imparcialidad, idoneidad y celeridad para sancionar a los culpables de este terrible delito cometido contra una joven de 18 años en Santa Cruz.
 

 

 

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