Editorial

Inaceptable juicio penal contra un periodista

domingo, 13 de enero de 2019 · 00:15

Ha sido notable el apoyo de entidades internacionales, nacionales y de ciudadanos de a pie a favor del periodista Raúl Peñaranda, amenazado de un juicio penal por parte de la gerencia administrativa de ENTEL. Lo que sucede es que existe la certeza de que el juicio, en realidad, está orientado a amedrentar a todos los periodistas y medios independientes del país.

ENTEL anunció el juicio penal mediante cartas notariadas y avisos publicados en la prensa a raíz de una noticia publicada por el portal Brújula Digital, que dirige Peñaranda, que se limita a señalar que en las licitaciones que emite ENTEL para la contratación de empresas de seguridad no incorpora el requisito de que éstas deben tener su licencia de funcionamiento vigente, una condición establecida en la Resolución Ministerial 021 B/2013.

El artículo 29 de esa norma  señala que “las empresas, organizaciones e instituciones, reparticiones, personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que contraten la prestación de servicios de las empresas privadas de vigilancia deberán verificar la siguiente documentación: 1) Resolución de Autorización de Funcionamiento; 2) Licencia de Funcionamiento; 3) Publicación de Prensa”.

ENTEL asegura en sus cartas de amenaza de juicio que al haber pedido solamente el servicio de “compra e instalación” de cámaras de seguridad, no es necesario incluir ese requisito en sus licitaciones. ENTEL se equivoca en eso, ya que el artículo 187 expresa claramente que para la “instalación” de equipos electrónicos de vigilancia también corre ese requisito y que las compañías contratadas deben ser “debidamente autorizadas”.

Este es el tenor de ese artículo: “Las empresas de protección electrónica debidamente autorizadas, podrán realizar operaciones de instalación, mantenimiento, asesoramiento técnico…”. Ello hace ver que ENTEL cometió un error al hacer las licitaciones sin exigir ese requisito y con una norma tan clara, es dudoso que haya sido una equivocación involuntaria.

No se ha podido conocer hasta ahora, debido a la política de puertas cerradas y ocultamiento de información, qué empresas han resultado contratadas en los últimos años, quiénes son sus representantes y propietarios y a cuánto ascienden los montos erogados.

El otro asunto importante que hay que tomar en cuenta es que, en este caso, no debe aplicarse la vía penal. 

En general, en todos los países democráticos se descarta atender casos de supuesto “daño a la imagen” de autoridades y, peor, empresas. 

Más aún, en Bolivia está vigente la Ley de Imprenta, que establece que debe ser convocado un tribunal de imprenta cuando una autoridad considera que una publicación ha afectado sus derechos. La Ley de Imprenta, a diferencia de la vía penal, no incluye la sanción de cárcel.

También está reconocido en la Constitución de 2009 el sistema de autorregulación periodística, mediante el Tribunal Nacional de Ética. También ese es otro camino para que ENTEL presente su queja.

ENTEL, a sabiendas que la Ley de Imprenta y el tribunal de ética están vigentes, opta por la vía penal solo para seguir ejerciendo su tradición de empresa abusiva, que ante cualquier crítica amenaza con juicios y que incluso los desarrolla contra sus propios empleados y representantes sindicales. Esa política ha hecho que reine poco menos que el terror dentro de ENTEL, con decenas de funcionarios atemorizados de decir cualquier cosa que pueda molestar a los máximo ejecutivos.

ENTEL es una de las entidades estatales menos transparentes del país, cuyos gerentes casi nunca aceptan dar declaraciones o entrevistas y, además, como hemos dicho, amenazan con procesos judiciales (o los inician) a cualquiera que ose criticar sus políticas. Se ha convertido, de ese modo, en una empresa conocida por sus intimidaciones, sus acusaciones y sus chantajes. Ni este diario ni el resto del periodismo independiente de país debe aceptar esas acciones. Exigimos  a ENTEL que desista  de iniciar un juicio penal a un periodista.

 

 

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