Editorial

El INRA da marcha atrás en Roboré

viernes, 04 de enero de 2019 · 00:15

El 12 de noviembre pasado se produjo una violenta y, para los observadores distantes, inesperada protesta en la localidad de Roboré, en el departamento de Santa Cruz. Los pobladores realizaron marchas y bloqueos y, finalmente, quemaron la sede local de la Policía.

La protesta se dio debido a que el INRA, que depende del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, había autorizado un asentamiento campesino nada menos que dentro de la reserva forestal del Paquió, un área protegida que es un verdadero paraíso consistente en bosques, riachuelos, ríos y lagunas.

El asentamiento, de familias de la zona andina del país, fue denominado Túpac Amaru y deforestó unas 65 hectáreas para tareas agrícolas. El Paquió está en las cercanías de otra zona protegida, la Unidad de Conservación del Valle de Tucabaca.

Solo a personal mediocre y fuera de la realidad, como es el que encabeza al INRA actualmente, se le podría haber ocurrido la incomprensible idea de llevar familias a una zona protegida y, además, darles autorización para que deforesten esa zona. Se presentaron especulaciones para explicar por qué el INRA daba ese permiso, desde su interés en que las familias recién llegadas logren cambiar la tendencia electoral en esa localidad y volverla afín al MAS, hasta el pago de favores a ciertos líderes campesinos ligados al oficialismo.

Como sea, la reacción violenta de los roboreños logró que el Gobierno dé pie atrás, entienda la seriedad del asunto y, tras semanas de protestas y movilizaciones, finalmente aceptara desmantelar ese asentamiento y respetar la zona boscosa de la zona. Es una victoria de quienes creen que el medioambiente debe ser respetado. Y es una derrota del extravío del MAS en no entender cuáles deben ser las pautas de un desarrollo sostenible.

Bolivia tiene amplias áreas en las que se puede desarrollar la agricultura, ojalá familiar y de pequeña escala. El INRA, si desea ayudar a campesinos sin tierra, puede dotarles de otros terrenos, no precisamente en el corazón de una región boscosa y, para más señas, parte de una zona protegida.

Este es el último ejemplo de la manera cómo el Gobierno percibe el desarrollo: el extractivismo masista, que también se observa en la agricultura extensiva, está presente en todas sus acciones. Lo demuestra la vez que el vicepresidente Álvaro García se preguntó algo más o menos como esto: “¿Cómo podemos pagar los sueldos de los profesores si no extraemos gas?”. 

La respuesta es que precisamente de lo que se trata es de llevar a la economía boliviana a un modelo en el que dependamos cada vez menos de las materias primas. Es la esperanza. 
 

 

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