Editorial

Brasil y el cambio climático

sábado, 05 de enero de 2019 · 00:15

Jair Bolsonaro, el flamante presidente de Brasil, empezó su gestión cumpliendo algunas de sus (temidas) promesas electorales.  A horas de ser posesionado este 1 de enero, el mandatario hizo anuncios que reabrieron la polémica y la preocupación, especialmente de las minorías y grupos vulnerables que temen por un retroceso en la garantía de sus derechos.

Entre las primeras medidas adoptadas está que la identificación, delimitación, demarcación y registro de tierras ocupadas por indígenas –antes bajo la tutela de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI)– pase a manos del Ministerio de Agricultura, donde prevalecen los intereses de los agronegocios. 

Asimismo, determinó que la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transexual (LGBT) ya no será beneficiaria de políticas y programas impulsados por el Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos; y que la Comisión de Amnistía, responsable de las políticas de reparación y memoria de las víctimas de la dictadura, deje de estar al amparo del Ministerio de Justicia y pase al Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, perdiendo la connotación de denuncia que la imbuía.

Por otro lado, se redujo el gabinete de 29 a dos carteras, lo que significa el descarte de los ministerios de Trabajo, Cultura, Deportes, Ciudades, Seguridad Pública, de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Transportes, Puertos y Aviación Civil, que serán fusionados a otras dependencias.

Hay otros temas, como la autorización para destituir a funcionarios con “ideales comunistas”, un menor incremento del salario básico, la venta de muchos de los 700 mil inmuebles del Estado y la incorporación al servicio diplomático de funcionarios que no son de carrera.

Algunas de estas medidas incumben estrictamente a la política interna, pero otras están generando alarma.

Uno de estos temas es el relacionado con el medioambiente. En campaña, Bolsonaro prometió retirar a Brasil del Acuerdo de París, aunque se retractó de ello días antes de las elecciones. Sin embargo, ha señalado que debilitará la estructura y aplicación de las políticas climáticas del país, incluso permitiendo el desarrollo de fracking –explotación de gas por fractura hidráulica– en Brasil.

Afirmó también que relajará las regulaciones que protegen los derechos de los pueblos indígenas y no permitirá que un centímetro cuadrado más de tierra sea manejado por éstos, lo cual ya ha empezado a cumplir. También pretende restringir el activismo de las ONG y la sociedad civil, incluidos los derechos de manifestación y otras formas de participación democrática. Para ello,  deja en manos de la Secretaría de Gobierno “la supervisión y vigilancia” de las actividades y acciones de los organismos internacionales y no gubernamentales.  

Brasil se comprometió en París (2015) a reducir las emisiones en 37% respecto a 2005 para el año 2025, aumentando los niveles de energía renovable, promoviendo la reforestación de 12 millones de hectáreas de bosques y deteniendo la tala ilegal, particularmente en la Amazonia.

La elección de Bolsonaro representa una auténtica amenaza y un riesgo para el impulso de la acción climática en el resto del mundo.

Si Brasil se retracta del contenido de su compromiso en materia de protección forestal y el paso a combustibles libres de carbono, podría revertir el progreso de la acción climática en la región. 

Por otro lado, el derecho de las personas a manifestarse y demandar responsabilidad a sus representantes electos en cuestiones de medioambiente, o en cualquier otra materia, debe ser respetado y protegido.  Brasil juega un papel de liderazgo en la protección y el impulso a los derechos de los pueblos indígenas, así como en la preservación de las áreas naturales.

Nada más arrancar este nuevo mandato, las preocupaciones son evidentes. Como ocurrió con Donald Trump y el papel de EEUU en la lucha contra el cambio climático, lo que ocurra con Brasil en este tema afectará  la sostenibilidad climática de la humanidad en su conjunto.
 

 

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