Bolivia, ante un momento histórico

domingo, 10 de noviembre de 2019 · 00:14

El país vive momentos definitorios. Mientras el Presidente insiste en denunciar un golpe de Estado desconociendo el malestar ciudadano en prácticamente todo el país, la Policía se ha amotinado, las FFAA se distancian, los actores políticos se rehúsan al diálogo bajo la acusación de golpistas y el MAS convoca a sus adeptos a movilizarse, con consecuencias muy preocupantes. 

La situación que vive el país tiene su génesis en la decisión que tomó el Gobierno de desconocer los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016. Haber anulado un acto electoral completo, con 5,2 millones de votos, generó un malestar que en su momento no se expresó con nitidez, pero que quedó marcado en la memoria de vastos sectores del pueblo boliviano.

Morales simplemente ignoró el resultado de un evento democrático y siguió adelante con su plan obsesivo de reelección, desconectándose progresivamente de la realidad, alejándose de buena parte de la ciudadanía, replegándose en sus adeptos y beneficiados, mintiendo y engañando con la ayuda de sus subordinados de los tribunales Constitucional y Electoral.

La manera abusiva del régimen de tomar todas las instituciones, llenarlas de sus militantes sin pudor, acusar a la oposición de los males que éste promovió, como el racismo y la intolerancia, reprimir a los opositores, controlar a la prensa, llegaron a un momento tal que ya no se pueden contener.

Si el origen de todo esto es el irrespeto al 21F, la gota que rebalsó el vaso fue el haber suspendido, durante 24 horas, la transmisión de los resultados del TREP, que, como se sabe, el día de los comicios mostraba un resultado de sólo siete puntos de diferencia, lo que obligaba a llamar a una segunda vuelta, para luego subir incomprensiblemente a más de 10. 

Una vez, el pueblo calló ante el atropello a su voluntad y el manoseo de la Constitución, pero en esta oportunidad, después de un accionar totalmente desequilibrado y sospechoso del TSE durante la campaña, los indicios de fraude, cada vez mayores y más evidentes, detonaron la indignación. 

De ahí en más el país se convirtió en una caldera de protestas y manifestaciones opositoras nunca vistas en la historia: la Revolución de 1952 se desarrolló sobre todo en La Paz, los sucesos de octubre de 2003 se dieron en La Paz y El Alto, las revueltas regionalistas de 2008 alcanzaron al oriente del país, etc. Pero una oleada de protestas que abarque a todas las capitales de departamento es algo que no había ocurrido nunca. Y ello implica la debilidad estructural del régimen.

Esas protestas han implicado la toma de decenas de entidades estatales y el cierre de las carreteras que llevan a todas las fronteras bolivianas. El país está virtualmente aislado, con crecientes síntomas de dificultades económicas y ciudades crecientemente paralizadas.

El motín policial ha puesto en jaque al presidente Morales, a lo que se debe agregar algo más: es muy improbable que las FFAA salgan a las calles a reprimir a la ciudadanía. La anterior vez que lo hicieron, en 2003, se produjo un baño de sangre y los comandantes que estaban a cargo fueron condenados a prisión por el actual gobierno. ¿Qué comandante militar estará dispuesto ahora a reprimir a la población con armas que matan, no disuaden, si luego le espera la cárcel? Ninguno.

La propuesta del diálogo político ha llegado tarde y no parece que vaya a prosperar. Pudo ser una salida a la crisis hace una semana, cuando unilateralmente se dispuso el inicio de una auditoría con la OEA. Ahora y cada día que pasa, las movilizaciones ciudadanas son mayores y, ante eso, al Presidente no le queda más que insistir en enfrentar a bolivianos contra bolivianos, a civiles contra civiles, plan que, como se ha visto, ya ha ocasionado la muerte de tres activistas opositores. 

Ante una circunstancia así, y para evitar mayores derramamientos de sangre, deberían ser convocadas nuevas elecciones, que reconfiguren el escenario político nacional y recuperen plenamente la democracia.

Confidencial

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