Editorial

Un escándalo tras otro en la Gestora

viernes, 13 de diciembre de 2019 · 00:15

Uno de los ejemplos de mayor ineficiencia y posible corrupción del gobierno anterior es el de la creación de la denominada Gestora de la Seguridad Social de Largo Plazo. Esta empresa nuevamente está en el centro del interés noticioso después de que las nuevas autoridades hubieran dejado sin efecto un contrato para crear un nuevo software por 10,9 millones de dólares.

Pero veamos los antecedentes. La historia data de 2010, con la aprobación de la ley que debería haber dado inicio al trabajo. El objetivo era riesgoso, nada menos que reemplazar a las dos AFP que trabajan en el país y que el Estado administrara los aproximadamente 16.000 millones de dólares que los bolivianos tienen ahorrados para su jubilación. En nueve años las antiguas autoridades no lograron poner en marcha la entidad. Desde ese punto de vista, es positivo que el exministro Luis Arce, encargado de ese tema, no hubiera logrado concretar el proyecto.

El decreto reglamentario se aprobó cinco años después de la ley, en enero de 2015, para que la gestora iniciara sus labores en julio de 2016. Luego se pospuso aquello hasta 2017 y posteriormente hasta 2020.

Las anteriores autoridades expresaron que no se podía dar inicio a la nueva empresa estatal porque no lograba migrar los datos de los ciudadanos que tienen sus cuentas en las AFP pese a haber adquirido un software, a la empresa Sysde, de 5,1 millones de dólares. Los exejecutivos ganaban, según dijo este diario, 105 mil bolivianos  en honorarios mensuales, cuatro veces más que el Presidente… ¡para no lograr nada en tantos años!

Pero luego las cosas empeoraron todavía más, lo que aumenta las dudas de irregularidades sobre el exministro Arce y sus asistentes: resulta que, pese al pago de esos 5,1 millones de dólares para el software, nunca entregado, el gobierno anterior, tres días después de las elecciones del 20 de octubre pasado, contrató a otra empresa para que hiciera ese trabajo, esta vez por 10,9 millones de dólares, esta vez con la empresa colombiana Heinsohn Business Technology. El lector adivinó bien, además, de que ello se hizo mediante contratación directa.

De no haber sido por el cambio de gobierno, y por la interrupción de ese contrato por parte de la nueva administración, el Estado hubiera erogado esos más de 10 millones de dólares adicionales, a todas luces algo anómalo. 

Ya era suficientemente dudoso que se hubiera contratado, para no obtener nada, 5,1 millones de dólares, para ahora contratar a otra empresa  por el doble de ese monto. 

Todo esto debe ser investigado y aclarado de manera completa.

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