Editorial

El incompleto informe de la CIDH

viernes, 20 de diciembre de 2019 · 00:15

Nadie puede oponerse a la idea de que se esclarezcan los sucesos ocurridos en Bolivia en los meses de octubre y noviembre pasados, cuando murieron una treintena de personas en diversos puntos del país. En dos de ellos fallecieron en total 19 personas: Sacaba y Senkata. Es muy posible que las fuerzas del orden hayan ocasionado parte de esas muertes y ello debe ser investigado y sancionados los responsables.

El informe realizado por la CIDH en ese sentido puede ser una base para el inicio de futuras investigaciones, porque ofrece un recuento detallado de los eventos más importantes de esas luctuosas jornadas de octubre y noviembre.

En un resumen sucinto, señala como antecedente de la crisis  que el Tribunal Constitucional de Bolivia “anuló” los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016. Posteriormente, menciona que quienes cometieron actos lesivos a los derechos de las personas fueron “distintos agentes del Estado” a tiempo que reconoce que la violencia no solo vino del Estado, sino que fue multisectorial, por lo que se hace más urgente una reconciliación entre bolivianos.

Pero el reporte es, también, claramente incompleto. Como antecedente general  se puede mencionar que el relator de la CIDH sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Francisco José Eguiguren, estuvo entre quienes rechazaron que la CIDH pudiera consultar si la reelección indefinida es un derecho humano. Su negativa favorecía a Morales y su deseo de permanecer en el poder. Asimismo, antes de la gestión de Eguiguren, la CIDH no movió un pelo frente a eventos represivos graves ocurridos durante el anterior gobierno, como las muertes en La Calancha, las ejecuciones extrajudiciales en el Hotel Las Américas, las detenciones irregulares, los cientos de exiliados, las presiones contra los medios, etc. Como se dice, la entidad mira con un solo ojo porque debe cumplir complicados equilibrios políticos y al final se rinde ante el pragmatismo.

En el caso actual, el informe no coloca en los antecedentes un asunto que es crucial: que la estrategia de Morales, tanto cuando estaba en Bolivia como cuando residió brevemente en México, era generar un enfrentamiento entre civiles. Las manifestaciones en apoyo al exmandatario en Sacaba y Senkata no fueron espontáneas, sino motivadas por Morales y el MAS, e incluso financiadas por cabecillas extranjeros. ¿Qué iba a hacer la fuerza pública con los miles de cocaleros que estaban en el puente de Huayllani, a la salida de Sacaba? ¿Dejar que siguieran su marcha hasta Cochabamba y cometieran destrozos y quizás muertes? Morales y su exvicepresidente  Álvaro García Linera  habían pedido que sus simpatizantes “resistieran” y “respaldaran” el denominado “proceso de cambio”. Ello quería decir, en otras palabras, que se enfrenten a otros civiles.

¿Y en el caso de Senkata, qué cree el buen Eguiguren que se debía hacer? ¿Por cuánto tiempo dos millones de personas debían estar sin gas licuado para cocinar y gasolina para mover el transporte público, las ambulancias y los carros basureros? ¿De manera indefinida? ¿Se debía permitir que unos cientos de bloqueadores, además, atacaran con explosivos la Planta de Senkata, con el riesgo de generar una tragedia de proporciones inconmensurables?

La estrategia de Morales, en ese sentido, fue temeraria: prefirió no enfrentar las masivas movilizaciones opositoras con la Policía, sino que con otros civiles. Ello fue muy claro en los eventos de Montero y una primera refriega en Sacaba, donde murieron por efectos de bala tres activistas opositores. También en Vila Vila, que tuvo la presencia de francotiradores y se torturaron a manifestantes contrarios al antiguo gobierno. Y luego, obviamente, en las jornadas de violencia ocurridas tras la fuga del expresidente, donde se quemaron casas, se produjeron saqueos y se aterrorizó a la población civil de La Paz y El Alto.

Nada de eso pone en consideración el informe. Con todo, hay que asumir que es importante llegar al fondo de las investigaciones. La CIDH recuerda que el decreto 4078 que eximía de responsabilidades penales a los militares  fue rechazado en su momento y pondera el hecho de que haya sido abrogado por Añez. 

La comisión se adelanta también a rechazar cualquier ley de amnistía que favorezca al expresidente Morales. 
 

 

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