Editorial

Fulminante informe final de la OEA

domingo, 08 de diciembre de 2019 · 00:14

El informe final del equipo auditor de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones del 20 de octubre es fulminante. Confirma el fraude electoral cometido en favor del expresidente Evo Morales y revela que algunos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) estuvieron involucrados a través de un asesor externo, que operó al margen de la planilla de la institución y que manipuló los datos. El nombre de esa persona no fue develado en el informe, pero ya se sabe que era un alto funcionario del INE, lo que agrava el caso.

El informe preliminar, presentado la madrugada del 10 de noviembre y que derivó en la renuncia de Evo Morales, ya estableció graves irregularidades y la consiguiente decisión del equipo de la OEA de no validar el proceso electoral.

El informe final, que fue presentado este 4 de diciembre, da un paso más y establece que hubo “manipulación dolosa” en dos planos. Para los oficialistas que argumentan que en el informe no dice la palabra fraude, pasamos a transcribir el significado de la palabra dolo: “Engaño, fraude o simulación llevados a cabo maliciosamente con la intención de dañar a alguien. Voluntad deliberada de cometer un delito, a sabiendas de su carácter delictivo y del daño que puede causar”.

Los dos planos a los que se refiere el informe son: “A nivel de las actas, a partir de la alteración de las mismas y la falsificación de las firmas de los jurados de mesas. A nivel del procesamiento de los resultados, a partir del redireccionamiento del flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del TSE, haciendo posible la manipulación de datos y la suplantación de actas”.

Por si quedaran dudas, el informe,  de casi 100 páginas, pasa a detallar, entre otras irregularidades, el corte del TREP (sistema de transmisión rápida de resultados), la existencia de un sistema tecnológico paralelo y no controlado que se creó de manera deliberada para manipular los datos, la presencia de un asesor externo y secreto que cambió datos, el acceso de personeros de Neotec a los servidores, pese a que ya estaban prohibidos de hacerlo, el llenado de actas a cargo de una sola persona, el aumento masivo e inexplicable de votos a favor del MAS en el último 5% del conteo y la quema de material electoral valioso.

No fue un hecho, sino varios hechos dolosos los que permitieron cambiar el resultado para que Evo Morales se declarara ganador en primera vuelta y se impidiera la segunda vuelta con el expresidente Carlos Mesa.

Líderes políticos y cívicos han pedido que los culpables sean sancionados, entre ellos Evo Morales, en momentos en que la bancada mayoritaria del MAS se apresura a aprobar una ley de garantías que impida el juzgamiento del expresidente y del exvicepresidente Álvaro García Linera.

Tras conocerse los resultados del informe, los exmandatarios han quedado desnudos de argumentos para señalar que han sido víctimas de un golpe de Estado. Incluso, el Gobierno mexicano ha quedado malparado por haber defendido a capa y espada a Morales permitiéndole que siga haciendo política desde el asilo a sabiendas de  que el fraude electoral fue cometido en su beneficio.

Morales aún no está acusado en el caso de fraude electoral, pero ya tiene una denuncia por supuesto terrorismo y sedición, debido al audio en el que se le escucha dar instrucciones para que se impida el paso de comida a las ciudades con el cerco de sus sectores sociales.

Luego de confirmarse el fraude, la ciudadanía también empezará a preguntarse para qué sirvieron los últimos procesos electorales en los que el Estado gastó más de 400 millones de bolivianos y que fueron impulsados por el propio Morales, pese a que luego se burló de los resultados. Estamos hablando del referendo del 21 de febrero de 2016, de las elecciones primarias de enero de 2019 y de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019.

El país demanda explicaciones y, precisamente por eso, los sectores movilizados en octubre y noviembre no están dispuestos a aceptar una ley de garantías que terminará siendo una ley de la impunidad.

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