Editorial

Premio al exfiscal Ramiro Guerrero

lunes, 11 de febrero de 2019 · 00:15

El trabajo que desempeñó el ex fiscal general Ramiro Guerrero es de penoso recuerdo. Durante sus seis años de gestión, Guerrero no fue otra cosa que una ficha del oficialismo, algo así como viceministro de la cartera de Gobierno, dispuesto a cumplir órdenes al pie de la letra. Ahora ha sido premiado, como otros exoperadores de justicia, como diplomático. Su próxima tarea será desempeñarse como cónsul general en Santiago de Chile.

La verdad es que no se podía esperar más de él. Su simpatía por el gobierno era evidente, más su nulo deseo de mostrarse autónomo. Él veía su rol de fiscal general como un facilitador de las acciones del gobierno. Por algo fue elegido por mayoría masista en el Legislativo. Este abogado había sido constituyente por la bancada del MAS.

Guerrero, elegido como fiscal en 2012, impidió que avanzaran las negociaciones sobre la represión en Caranavi, cuando murieron dos personas, en 2010, y en el TIPNIS, en los que cientos de indígenas fueron brutalmente reprimidos, en 2011.

Tampoco intentó llegar al fondo del caso del Fondo Indígena y prefirió que se acusara a dirigentes sociales intermedios y contrarios al gobierno. Guerrero halló en varios de ellos a “chivos expiatorios”, como Marco Antonio Aramayo, exdirector de esa entidad y quien, curiosamente, era uno de los que había denunciado la corrupción. Nemesia Achacollo, que era ministra encargada del Fondo cuando se produjeron los hechos de corrupción, estuvo encarcelada un tiempo y luego se le dio arresto domiciliario.

Asimismo, cuando se produjo el escándalo de Gabriela Zapata y de los supuestos contratos irregulares firmados por la empresa CAMC con el Gobierno, Guerrero no acusó a ninguna autoridad, solo a un chofer y a algún personal intermedio, aparte de la exnovia del Presidente.

Una de las acciones más vergonzosas de Guerrero fue el trato dado por la Fiscalía al médico Jhiery Fernández. Pese a que los operadores de justicia sabían que era inocente, estuvo cuatro años preso y fue sentenciado a 20 años de prisión. Todo con la anuencia del exfiscal.

Sin embargo, el caso más serio se produjo cuando Guerrero inició la acusación por el caso Quiborax contra el expresidente Carlos Mesa. Cuando quedó claro que los hechos irregulares los habían cometido, en realidad, autoridades de Gobierno, el exfiscal eludió hacer mayores investigaciones.

Tener un “currículum” así, obviamente, le permitió beneficiarse con la buena voluntad del Ejecutivo, que lo enviará a Chile como cónsul general. No tiene la estatura moral ni la experiencia o capacidades para ocupar ese cargo.

 

 

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