Editorial

Pedido de refugio de dos ecuatorianos

martes, 12 de febrero de 2019 · 00:15

Se nota que es la política la que motiva la toma de decisiones del Gobierno sobre los pedidos de refugio. Hace poco, para congraciarse con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el gobierno del presidente Evo Morales eludió aceptar las normas de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) y expulsó del país al supuesto terrorista italiano Cesare Battisti. La decisión fue tan inesperada que generó fricciones al interior del oficialismo.

El país tiene ahora otro tema similar en ciernes, el pedido de asilo de dos exautoridades del régimen de Rafael Correa, Sofía Espín y Carlos Ochoa, ambos acusados de hechos de corrupción y con orden de apremio. En este caso, el gobierno no ha ni rastreado ni expulsado a los dos acusados, como hizo con Battisti, y ha dejado que la Conare actúe según sus procedimientos.

Los hechos mandan, en este caso, prudencia, porque el asunto genera dificultades: por un lado, los dos acusados no tienen realmente derecho de pedir asilo, puesto que no son perseguidos y en su país existe la posibilidad de que tengan un juicio justo. Pero el problema es que los dos acusados eran leales aliados de Correa, a su vez aliado de Morales. 

Si fueran, digamos, venezolanos, y el régimen de Nicolás Maduro pidiera su expulsión, ello ya hubiera ocurrido. Como en casi todos los planos, también en el del derecho al asilo y al refugio se ha perdido la institucionalidad y las decisiones se toman a conveniencia de las máximas autoridades.

Sofía Espín es una exlegisladora investigada por el delito de “oferta de realizar tráfico de influencias”. Espín y una abogada visitaron en una cárcel de Ecuador a la expolicía Diana Falcón, que es acusada de haber promovido, bajo órdenes del gobierno de Correa, el secuestro en Colombia del exlegislador Fernando Balda, opositor a ese régimen. Balda fue acusado de haber realizado tareas de desestabilización y estuvo cuatro años preso.

Carlos Ochoa tiene el dudoso galardón de ser el periodista más odiado por el gremio periodístico de su país. En su rol de director de la Superintendencia de Telecomunicaciones, y con el apoyo de Correa, amedrentó, acusó y multó a decenas de medios de comunicación y periodistas ecuatorianos. Luego publicó, como folleto, 300 mil ejemplares de la ley de comunicación, donde incluyó, ex profeso, un artículo que le daba a él aún más poder.

Bolivia debe dar refugio a todos quienes se sienten perseguidos y comprueban que no pueden beneficiarse de un juicio justo. Pero este no parece ser el caso. 

Tanto Espín como Ochoa han fugado de su país para evitar que la justicia, precisamente, resuelva si son o no culpables. Bolivia no puede prestarse a esa jugada.
 

 

 

Permítanos un minuto de su tiempo.

Para desarrollar el periodismo serio e independiente, esencial en democracia, que usted aprecia en Página Siete, contamos con un equipo de reporteros, editores, fotógrafos, administrativos y comerciales de primer nivel.

Los ingresos con que Página Siete opera son producto de nuestro trabajo; no contamos con prebendas de ninguna naturaleza.

Si usted desea apoyar el esfuerzo que realizamos, suscríbase a P7 VIP, para recibir de lunes a viernes una carta informativa por correo electrónico, que contendrá un resumen de las noticias y opiniones más interesantes de Página Siete, a un costo de sólo Bs 15 al mes.

Para suscribirse haga clic aquí o llame al número 2611749, en horas de oficina.

114
1

Otras Noticias