Editorial

Caminos abandonados

viernes, 15 de marzo de 2019 · 00:15

Hace pocos días comentábamos en este mismo espacio que la ineficiencia gubernamental es cada vez más evidente. El ejemplo usado era el de la creación de la gestora de seguridad social que, tras nueve años, sigue sin ser lanzada.

Ahora podríamos citar ejemplos, mucho más preocupantes, entre otros la manera cómo se construyen las carreteras en el país. Aparte de los precios exorbitantes, se evidencia también la escasa eficiencia en el cumplimiento de los plazos.

Página Siete recordó hace pocos días que la carretera Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey, que debería conectarse con vías que integren regiones de Beni y Pando, lleva cinco años de retraso. La obra, consistente en la pavimentación de los 184 kilómetros involucrados en ese trazo, debía haber sido entregada en 2014. La empresa contratada, Árbol, financiada por un préstamo venezolano, abandonó las obras sin cumplir con lo establecido y sus ejecutivos no fueron perseguidos judicialmente. Tampoco se exhibió a la ciudadanía un informe de en qué estado Árbol dejó las obras.

El costo inicial era de 257 millones de dólares, pero se contrató después a la compañía Royal, por otros 68,3 millones de dólares, y ante la desidia también de ésta, las autoridades están considerando ahora la recisión del contrato. Si ello ocurriera, habría que adjudicar la obra a una tercera empresa. Es indignante.

Hay muchos otros ejemplos que muestran el costo excesivo y la mala construcción de carreteras en Bolivia, tarea a cargo de la ABC. Se puede mencionar la doble vía a Oruro que, a poco de su inauguración, estaba afectada por cientos de huecos, “parchados” luego con alquitrán.

Pero la situación de la carretera Rurrenabaque-Riberalta es mucho peor. El senador de oposición Yerko Núñez denunció que los trabajos en la vía son constantemente interrumpidos por la empresa China Railway, que se adjudicó la obra en 579 millones de dólares. Hasta este año, cuando la ruta debería concluirse, sólo se ha avanzando 15% del total, según estimaciones de opositores.

Podemos mencionar un cuarto ejemplo: la empresa Corsán Corviam abandonó el país en 2017 tras solamente haber completado el 25% del camino Ixiamas-San Buenaventura y embolsado 49 millones de dólares. Como no existían apropiados sistemas de letras de garantía, sus ejecutivos pudieron irse del país sin problemas.

Todo esto demuestra que aunque hemos avanzado en integración vial, no hemos aprovechado los altos ingresos  para hacer carreteras de buena calidad y libres de los contratos con sobreprecios y mal administrados.
 

 

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