Editorial

Nuevos retrasos de la gestora estatal

martes, 05 de marzo de 2019 · 00:15

A veces, la ineficiencia de gestión es favorable para el país. Las autoridades vienen anunciando desde   2010 la creación de una gestora de la seguridad social de largo plazo, que reemplace a las dos AFP que trabajan en el país. Ese año se aprobó la ley que debería haber dado inicio al trabajo de la gestora.

El decreto reglamentario se aprobó cinco años después, en enero de 2015, para que la gestora empezara a trabajar en julio de 2016. Luego se pospuso la decisión hasta 2017. Nueve años después del primer anuncio, realizado por el ministro de Economía, Luis Arce, la idea sigue sin ser aplicada.

Durante el periodo en el que Arce renunció a ese Ministerio por razones de salud, su sucesor, Mario Guillén, informó en septiembre de 2017 que la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo no podría iniciar su trabajo como estaba previsto y anunció que lo haría en 18 meses, es decir, este marzo.

La razón esgrimida por el ahora exministro Guillén  fue que la gestora, pese a haber pagado 6,2 millones de dólares en auditorías y compra de programas de informática, no tenía la capacidad para migrar los datos de los 2,1 millones de ciudadanos del sistema individual hacia el nuevo sistema. En estos 18 meses, a pesar de las enormes sumas que ganan sus principales ejecutivos –hay salarios de  105 mil bolivianos  mensuales–, no se concreta la anunciada operación. 

Ahora, Luis Arce, que ha vuelto al Ministerio, dijo que “ve difícil” que la empresa estatal empiece a trabajar, y reiteró la misma razón. ¡18 meses no fueron suficientes para que el millonario software comprado pueda de una vez terminar su trabajo! Tiene que haber una explicación; estos temas pueden implicar daño económico al Estado e  ineficiencia.

Pero, esa ineficiencia, como decimos al principio, es positiva. No quedan claros los objetivos del Gobierno para desechar a las AFP y crear una gestora pública. No se sabe si es para mejorar la rentabilidad de los ahorros de los futuros jubilados, para reducir los costos administrativos o para qué.

Los intereses que pagan las AFP a sus afiliados han caído a menos del 2% anual, los más bajos desde su creación, y ello se debe a que durante una década, ambas empresas han vivido en una permanente incertidumbre ante los anuncios, nunca ejecutados, del Gobierno, en sentido de que tendrían que abandonar el país. Como no saben qué pasará con ellas, dejaron de invertir y hacer mejoras. Las AFP administran 16.000 millones de dólares, una cifra muy alta a la que el Gobierno podría echar mano para inversión pública. Y ello implicaría que las jubilaciones de los bolivianos estarían en riesgo. Por eso es bueno que la gestora se retrase lo más posible.

 

 

 

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