Editorial

Libertad de expresión, bien común en riesgo

viernes, 10 de mayo de 2019 · 00:15

Las autoridades mexicanas deben investigar de inmediato y de forma transparente, el asesinato del periodista y activista Telésforo Santiago Enríquez, que fue encontrado muerto con un disparo el 2 de mayo en las afueras de la ciudad de Juchitán, en el estado de Oaxaca.

Enríquez fue el fundador y director de El cafetal, una radio comunitaria en San Agustín Loxicha. Era también un activista político y miembro de un sindicato de maestros.

Fundó El Cafetal hace aproximadamente cinco años y postuló sin éxito en varias campañas para alcalde de San Agustín en los últimos años. Según varios de sus colegas, el periodista habría recibido amenazas de muerte hace tres meses de parte del hermano del actual alcalde de su ciudad.

Es el cuarto reportero asesinado en México en lo que va del año. Rafael Murúa, Jesús Ramos y Santiago Barroso, quienes tenían programas de radio en diferentes regiones del país, fueron asesinados entre enero y marzo de este año. 

México es uno de los países más peligrosos para el periodismo en el hemisferio occidental. El año pasado, al menos cuatro periodistas fueron asesinados. 

Excepto México, en esta parte del mundo la vida de los periodistas no está amenazada de muerte, y aunque el poder del narcotráfico está penetrando de manera sostenida y peligrosa en países como Colombia y Bolivia, las condiciones de seguridad en el ejercicio son relativamente estables.

Son de otro orden las amenazas y presiones con las que tienen que lidiar los periodistas en países como Bolivia. Por un lado la estigmatización de su trabajo, que es una forma de censura y que deriva en la autocensura. Esta estigmatización se ha hecho natural entre autoridades poderosas y también entre algunos políticos y analistas. Decir que la prensa miente o que no trabaja adecuadamente, es una de las formas más fáciles y recurridas para presionar y deslegitimar su trabajo, y restar valor a sus revelaciones.

Pero, en el caso de Bolivia, las advertencias no se quedan en esta suerte de violencia simbólica. En las últimas semanas se han reportado amenazas telefónicas a periodistas para que limiten su cobertura en casos de narcotráfico y se ha denunciado que se fotografía y filma a quienes realizan preguntas incómodas a autoridades policiales y políticas. 

Hace falta más que decir que se respetan las leyes o mostrar que no existen cifras de muertes entre los periodistas para que la libertad de expresión, un bien mayor de la democracia, esté debidamente resguardada. El caso de Bolivia, con periodistas presionados, mal pagados, estigmatizados y ahora prontuariados, no se puede decir que el objetivo haya sido logrado.
 

 

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