Editorial

Pedido de Colombia a la Corte IDH

viernes, 31 de mayo de 2019 · 00:15

Ha sido curiosa la reacción del Gobierno respecto del anuncio de las autoridades de Colombia, que elevarán una consulta a la Corte Interamericana sobre la decisión de Evo Morales de haber puesto fin a los límites de períodos presidenciales aduciendo que ese es su “derecho humano”.

Tras un largo período de lobby realizado por el expresidente Jorge Tuto Quiroga, finalmente el presidente colombiano, Iván Duque, aceptó hacer esa consulta. Sólo pueden hacer ese tipo de interrogantes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o un país integrante de la OEA. Hasta ahora ello no se había logrado. Unos días antes de Duque, el canciller brasileño, Ernesto Araújo, también hizo la misma oferta.

Pero, fue el anuncio de Duque el que generó más interés mediático. En ambos casos, quien participó de las reuniones fue Luis Fernando Camacho, nuevo presidente del Comité Pro Santa Cruz.

Decíamos que la reacción del Gobierno de Bolivia fue curiosa. El canciller Diego Pary pidió a Colombia no inmiscuirse en los asuntos internos bolivianos. Es curiosa porque el MAS ha insistido tal vez decenas o cientos de veces en que Morales tiene derecho a postular a un nuevo mandato presidencial por lo establecido en el Pacto de San José. En ese caso, no había injerencia. Según la visión oficialista, como los derechos políticos de las personas deben protegerse siempre, según establece el artículo 23 de esa norma, entonces Morales tiene el “derecho humano” a reelegirse indefinidamente. 

Esta triquiñuela ha sido utilizada previamente por su aliado, el mandatario nicaragüense Daniel Ortega, y otros presidentes de la región.

Lo que sucede aquí es que, en realidad, el artículo 23 del Pacto de San José, también llamado Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que los derechos a elegir y ser elegido son ilimitados para los ciudadanos de a pie, aquellos que están fuera del poder. Se concibió para impedir que los poderosos los mantuvieran al margen de la vida política. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Morales y otros presidentes se aprovecharon de la debilidad institucional de sus países para, poniendo ese artículo como argumento, intentar eternizarse en el poder.

Por eso, si la Corte Interamericana, a pedido de Colombia, emite un criterio, cualquiera que sea, al respecto, debería ser algo deseado por el Gobierno boliviano. Al margen del largo tiempo que puede demorar esa respuesta, el criterio que ofrezca se convertirá en una guía de acción para los países cuyos mandatarios no desean abandonar el Gobierno.

 

 

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