Editorial

Empleados públicos sin derechos

sábado, 04 de mayo de 2019 · 00:15

Una de las características del gobierno de Evo Morales es que ha ampliado los derechos de los trabajadores, al punto de poner en serios aprietos a los empresarios. Por ejemplo, ha dispuesto el pago del segundo aguinaldo, ha incrementado los sueldos de manera significativa año tras año y ha hecho cumplir la inamovilidad funcionaria. 

Cuando un trabajador considera que esos u otros derechos están siendo vulnerados recurre al Ministerio de Trabajo y tiene todas las posibilidades de ganar al empleador porque, con seguridad, las autoridades le darán la razón.

Lo paradójico del caso es que toda esa filosofía de respeto a los derechos laborales no se aplica en el propio Gobierno que la promueve. Por el contrario, el Estado, en sus tres niveles, es el principal vulnerador de los derechos de sus trabajadores.

En ocasión de celebrarse el Día del Trabajo, Página Siete publicó un informe sobre la situación de los funcionarios públicos y, luego de obtener el número de quejas presentadas ante la Defensoría del Pueblo (667 en 2018), y de recoger los testimonios de los propios empleados, llegó a la conclusión de que éste es un sector vulnerable.

Los funcionarios públicos sufren acoso laboral de sus jefes, están obligados a aportar para el partido, deben acudir a las concentraciones públicas, incluso en el interior del país, pagando los gastos con dinero de  su bolsillo y muchos no acceden a los aumentos salariales ni al doble aguinaldo.

Según las denuncias, no pocas veces les pagan el sueldo con demora y hay instituciones que definitivamente no les pagan o, cuando los despiden, les inventan procesos por cualquier asunto irrelevante para que no reclamen por sus derechos.

Los que peor se encuentran son los consultores en línea porque el único derecho que tienen es el salario y, para recibirlo, deben entregar una factura y cotizar en alguna AFP.

Por otro lado, los funcionarios públicos están sometidos a un estatuto que no reconoce la inamovilidad funcionaria. Cada vez que llega una nueva autoridad al cargo, lo que ocurre con mucha frecuencia, todos sus dependientes son despedidos y se contrata a los nuevos leales.

Tal vez la única ventaja de trabajar en el sector público es que el sueldo suele ser más elevado que en el sector privado, pero a cambio de hipotecar la conciencia.

Esta lógica perversa repercute en ineficiencia, bajos niveles de ejecución presupuestaria y la imposibilidad de hacer carrera en la función pública.

Lo lógico sería que el Gobierno predique con el ejemplo y si quiere que los trabajadores gocen de sus derechos debería empezar por casa.

 

 

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