Editorial

Sexto deslizamiento importante en 23 años

martes, 07 de mayo de 2019 · 00:15

Los deslizamientos en la ciudad se originan en los movimientos de tierra producidos en los cerros. La culpa la tienen los vecinos, que construyen sus casas donde no deben. Esa es una de las conclusiones de Héctor Macchiavelli, un ingeniero experto en el tema y que ha publicado un libro sobre 66 deslizamientos  sucedidos en La Paz.

Esto es verdad. Existe un mapa de riesgos de la ciudad, pero la debilidad institucional que afecta al país, más  el desorden general y la ausencia de otras opciones, hacen que las personas construyan donde pueden o donde quieren. Muchas son propietarias legítimas de los terrenos sobre los que edifican sus casas y, por lo tanto, impedirles que lo hagan implicaría problemas políticos y legales muy serios para el municipio. 

Si se cumpliría la ley, miles de casas de La Paz deberían ser evacuadas y luego derruidas, algo que obviamente no se puede hacer.

El otro problema lo representan los loteadores,  unas bandas muy poderosas que tienen ligazones con jueces, fiscales, policías y dueños de terrenos. Estas bandas logran que sus propiedades sean legalizadas por el sistema judicial y la Alcaldía, y luego las venden a personas que desean construir sus viviendas con desesperación. Muchos de esos terrenos están en lugares deleznables e inestables.

Pero alguna solución tiene que haber. En los últimos 23 años se han producido en La Paz  seis deslizamientos importantes, haciendo que dos millares de familias perdieran sus casas y pertenencias. El más grave de ellos fue el denominado “megadeslizamiento” de Callapa, ocurrido en febrero de 2011. En total, 1.188 familias perdieron sus casas en esa ocasión, una tragedia de enormes consecuencias.

En el evento más reciente, casi un centenar de familias quedaron sin techo. Muchas de ellas, en una situación inconcebible, habían construido sus viviendas encima del antiguo botadero de la ciudad, ubicado en Sopocachi. Cómo esas personas lograron obtener papeles para asentarse allí  y cómo las sucesivas gestiones municipales lo permitieron, es una gran incógnita que debe ser investigada. Es que no entra en la cabeza que algo así pudiera suceder en la sede de Gobierno de un país.

Debido a que es imposible impedir que los vecinos construyan en terrenos de los que tienen documentos y es más improbable aún derruir las casas ubicadas en zonas prohibidas, lo que la Alcaldía debería hacer es una gran campaña de conscientización, además de otra de fiscalización. Esta debería basarse en dar información permanente sobre los lugares en los que las familias, realmente, deberían evitar construir, para así aminorar los graves riesgos que entraña esta situación. 

 
 

 

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