Editorial

Malas empresas, pésimas carreteras

jueves, 09 de mayo de 2019 · 00:15

En nueve años, el Gobierno firmó cuatro contratos por 2.725, 8 millones de bolivianos para la construcción de dos carreteras que hasta la fecha están inconclusas. 

La noticia es indignante, tanto por el monto como por el tiempo transcurrido, pero sobre todo, por las deplorables condiciones en las que se encuentran ambas vías.

Se trata de la carretera Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey y de la doble vía Huarina-Tiquina. Ambas tienen una historia parecida,  pues en la primera etapa fueron adjudicadas a una empresa argentina y luego a la firma boliviana Royal. Todos los contratos fueron rescindidos por evidentes incumplimientos en la ejecución de las obras.

Basta viajar a Tiquina o a Caranavi para darse cuenta de que ambas vías representan un riesgo para los viajeros. De hecho, hay que recordar que uno de los últimos accidentes ocurrió en el puente Armas, en la vía a Caranavi, donde murieron 15 personas en febrero pasado, tras producirse un derrumbe de grandes proporciones.

Ha pasado casi una década desde la firma del primer contrato sin que se concluyan las dos carreteras, como si de una obra trasatlántica se tratara. Está claro que el Gobierno ha contratado a  empresas irresponsables, que no ha sido capaz de hacer el seguimiento pertinente para la pronta ejecución de las obras y que ha dejado a los viajeros librados a su suerte.

En enero de 2010 el presidente  Evo Morales y la Asociación Accidental  ArBol firmaron el contrato  de construcción para la  carretera Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey. El 85% del consorcio pertenecía a la empresa argentina Electroingeniería. Pero, casi de inmediato se presentaron problemas laborales y de incumplimientos.  Pese a esos problemas en  la carretera a Caranavi,  la ABC  adjudicó la obra vial  Huarina-Tiquina  a la empresa argentina Electroingeniería, es decir, la misma firma que estaba haciendo un pésimo trabajo en la otra vía.

Luego de la desastrosa gestión, ambos contratos fueron rescindidos y se firmaron nuevos, esta vez con la boliviana Royal. 

La historia se repitió y por eso, entre el 11 y 17 de abril de este año, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) resolvió los dos contratos con Royal.

Lo que llama la atención es que pocos días después, el presidente de ABC, Luis Sánchez-Gómez Cuquerella, renunció al cargo y en su lugar fue posesionado Vladimir Sánchez. Como la transparencia no está entre los atributos de este Gobierno, no se informó  los motivos del alejamiento.

Lo mínimo que debería hacer el Gobierno es transparentar qué se pretende con el alejamiento del presidente de ABC y cuál será la situación de las dos carreteras inconclusas.
 

 

Confidencial

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