Editorial

Las pérdidas de San Buenaventura

viernes, 14 de junio de 2019 · 00:15

En el largo listado de los “elefantes blancos” que este gobierno dejará para la historia, la fábrica de azúcar de San Buenaventura ocupará uno de los primeros lugares. Sin duda, Bulo Bulo, con sus mil millones de dólares de costo, será la “reina del desperdicio”, junto con la planta separadora de líquidos, de 700 millones; pero San Buenaventura tendrá un sitial importante.

Se sabía desde los años 70 que una fábrica en el norte de La Paz no era viable. El clima nublado de esa zona hace que la caña producida no tenga la sacarosa necesaria, que requiere sol para generarse en la planta. Además, la región es una zona boscosa, y se necesita deforestar grandes extensiones para producir más caña, generando un daño ambiental de grandes proporciones.

Pero, aún así el Estado gastó 260 millones de dólares en construir la planta que está, como se ha informado, en virtual situación de quiebra. Se les advirtió, pero las autoridades no quisieron escuchar.

Un análisis del economista Julio Linares estableció, basado en cifras oficiales -datos del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa-, que el complejo azucarero ha registrado pérdidas por un valor de 243,5 millones de bolivianos, en ocho de los nueve años que funciona.

Por otra parte, su patrimonio es negativo en 275,7 millones de bolivianos a diciembre de 2018, según información del Sigma. Esto implica, dijo el economista, que su activo total (lo que posee) es inferior a su pasivo exigible (lo que debe). Si las deudas que presenta la empresa son mayores a todos los bienes que tiene, la ley señala que ello se denomina “quiebra técnica”. Las pérdidas acumuladas llegan a 243,5 millones de bolivianos.

Y mientras los gastos de operación fueron de 311 millones de bolivianos, los ingresos totales en estos ocho años alcanzaron a 80 millones de bolivianos, es decir solamente el 4,1% de los recursos generados por la empresa. El 95,1% restante se financia con un préstamo del Banco Central de Bolivia (BCB).

Encima de todo eso, la empresa demandó al Estado 495 millones de bolivianos adicionales para ampliar la superficie cultivada de caña y diversificar su producción con una planta deshidratadora de alcohol. Pudieron haber pensado en eso hace 10 años, cuando esta peregrina idea empezó a gestarse.

El Ministerio de Economía ha negado la “quiebra técnica” y ha señalado que la empresa “paga puntualmente” a sus acreedores, incluido el BCB, pero no ha aclarado cómo se presentan estas cifras rojas de acuerdo a datos oficiales. Habrá que esperar mayores detalles, pero se ha comprobado que este proyecto, como dijeron sus detractores, es inviable.
 

 

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