Editorial

Los mercados ilegales de coca

domingo, 16 de junio de 2019 · 00:15

Los temas relacionados al narcotráfico y a la producción de coca adolecen de datos y cifras confiables e inequívocas.  Así, oficialmente se manejan unos números y una información, extraoficialmente otras y la realidad envía señales también diferentes.

En esta semana, el tema que adquirió relevancia fue la existencia de un mercado paralelo e ilegal de hoja de coca. 

Según el artículo 24, inciso II de la Ley General de Coca, se reconocen legalmente dos mercados primarios de hoja de coca: en el departamento de La Paz el de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) y, en el departamento de Cochabamba el de Sacaba. 

Sin embargo, de acuerdo a una pesquisa de Página Siete, el mismo Gobierno infringe la ley, al haber habilitado un mercado paralelo al de Adepcoca para que los productores de coca afines al MAS puedan vender su producto.

Como constató este medio -a pesar de que inicialmente el reporte fue desmentido por el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico-, en la zona de Chuquiaguillo (a la salida de los Yungas) los cocaleros despliegan una intensa actividad y venden el taque de coca entre  2.100 y 2.800 bolivianos, con el sello de la Dirección General de Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca (Digcoin).

Según Cocarico, estos predios sólo servían como depósito, pero cualquier transeúnte que se apersona por el lugar percibe el intenso proceso de compra y venta que se realiza en el lugar. Luego, un exviceministro reconoció que se trata de un mercado no legal, pero legítimo, como si esa categoría fuera válida para el efecto.

De modo que el Gobierno no sólo está alentando la violación flagrante de la ley sino que, por evitarse más problemas de los que ya tiene con el sector de cocaleros de los Yungas, incluso permite que haya un precio móvil, de acuerdo a la oferta y demanda.

Esta constatación no sólo evidencia la distancia, casi insalvable entre el gobierno del presidente Evo Morales -dirigente de las seis federaciones de cocaleros del Chapare- y los sectores de productores de los Yungas, sino que habla de un descontrol y sobreproducción de hoja de coca en el departamento de La Paz.

 Sobre el primer punto, el Gobierno ha manejado de forma autoritaria y poco equitativa la relación entre los cocaleros de su reducto, el Chapare, y los Yungas, lo que ha derivado en una fricción a estas alturas muy difícil de revertir; con dirigentes presos y un sentimiento de abuso e intento de dividir y deslegitimar a las dirigencias.

En cuanto a la producción de coca, está visto que si el propio Gobierno extiende las autorizaciones a otros espacios además de los convenidos en la norma, no sólo es por congraciarse con productores que le sean afines, sino porque existe una producción que así lo exige. Y si así es en La Paz, podemos imaginarnos cómo será en el Chapare con mayores extensiones de cultivo de coca.

En el recorrido que realizó Página Siete se pudo verificar que únicamente funcionarios de Digcoin realizan el control y no así efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, como sucede en el mercado de Adepcoca.

Estos y otros datos nos hablan de un descontrol y un relajamiento en la aplicación de la ley. El propio ministro Cocarico primero aceptó la existencia de este espacio de compra y venta, luego lo negó para volver. Esto, sin mencionar que el mercado de Chuquiaguillo funciona en el mismo edificio de la Subalcaldía del mismo distrito.

El Gobierno insiste por todos los flancos en soslayar los datos y evidencias de un crecimiento en el tráfico de drogas y ahora de la comercialización de la hoja de coca. Sin embargo, la preocupación no puede ser esquivada. Mientras Página Siete recogía evidencias de la intensa actividad comercial de la coca en un mercado ilegal a plena luz del día, un narcotraficante colombiano -vinculado al alcalde de Warnes, Mario Cronembold, por otro caso de tráfico de cocaína- era detenido en Paraguay con 457 kilos de cocaína boliviana. Y seguimos.
 

 

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