Editorial

Sofisticada e impune red de avasalladores

jueves, 06 de junio de 2019 · 00:15

La Paz es largamente víctima de loteadores y avasalladores. Ésta es la historia de uno de esos casos. Según una nota de Página Siete, una sofisticada red de avasalladores con vinculaciones de alto nivel opera con impunidad.

La historia es interesante. En octubre 2017, los hermanos Alejandro y Eduardo Leytón alquilaron un inmueble en Alto Calacoto. Pagaron un mes y la garantía. En diciembre, cancelaron parte del alquiler adeudado y luego entraron en mora. También dejaron impagos agua y electricidad. ¿Cómo se explica que pagaran 11.500 dólares en total para nunca usar el inmueble? Se los acusó de ser parte de una trama para quitar posesión del inmueble a su propietaria y evitar con ello que se percatara de un avasallamiento. 

El inmueble referido no es desconocido. Allí operaba Toco Todo, un museo interactivo al que asistieron miles de niños de varios colegios, que fue fundado por Fernanda Luzio, propietaria del inmueble desde 1991, según documentos de propiedad originales.

El 29 de marzo de 2018, Luzio fue advertida por vecinos que camiones con material de construcción ingresaron al inmueble. Cuando se apersonó, Carola Córdoba se presentó como la nueva propietaria. No obstante, gracias al testimonio y apoyo de los vecinos, la Policía desalojó a los avasalladores el mismo día.

Durante el escándalo, un funcionario municipal se apersonó al lugar y citó a Córdoba a la Subalcaldía para que presente documentos de propiedad y permiso de construcción. Ella nunca lo hizo.

Días después, el abogado Israel Campero, en representación de otra mujer, Gloria Morales, quien también afirmó ser propietaria del inmueble, presentó una denuncia por avasallamiento en la Felcc contra la legítima propietaria del inmueble, Fernanda Luzio. Como respaldo, Morales entregó a la Policía un documento de Información Rápida de Derechos Reales (DDRR), que acreditaba el supuesto derecho propietario, pero ni el número de registro ni el metraje coincidían con los del inmueble en disputa.

Un detalle relevante es que el abogado Campero compartía domicilio laboral con Carola Córdoba, la que se presentó como propietaria del inmueble el día del avasallamiento.

Para mayor complicación, se evidenció que en DDRR había un trámite de inscripción de transferencia del predio, según el cual, éste había sido vendido, no a Carola Córdoba ni Gloria Morales, sino a una tercera persona, Rocío Flores, un fantasma porque nunca apareció y cuyo CI es falso.

Además, se descubrió una veintena de documentos falsos presentados a DDRR para el trámite de transferencia, como CI, certificados de nacimiento, documentos notariados y otros, por lo que el registro fue anulado por una jueza de la institución.

En una audiencia de amparo constitucional, el abogado Campero presentó como prueba los referidos documentos falsos. Al hacerlo, no sólo se incriminó, sino que dio al juez las pruebas que lo llevaron a determinar el desalojo de los avasalladores y la devolución del predio a sus legítimos propietarios. Este trámite está en revisión ante el Tribunal Constitucional.

Increíblemente, Campero -quien se jactaba de asesorar a la Vicepresidencia, a quien representó en la demanda contra María Galindo en el caso Grafitis- es ahora vocal de la Sala Constitucional de La Paz y fue reemplazado en este caso por el abogado Oswaldo Zegarra, quien representó al ministro Juan Ramón Quintana en el juicio contra el periodista Wilson García. No hay vinculaciones, pero por lo menos se puede sospechar que estos abogados estén usando los nombres de altas autoridades de gobierno  para actos irregulares.

Esta red delincuencial falsificó documentos, los registró en notarías públicas y DDRR, y luego los presentó como prueba ante el municipio, Policía y juzgados… Sin que ninguna autoridad ni la ley pueda frenarlos. ¿Gozan de protección o sólo se trata de una red mafiosa que utiliza sus conexiones de alto nivel para intimidar y delinquir?

Habrá que esperar respuestas, pero lo cierto es que este tipo de redes con sofisticados mecanismos para apropiarse de bienes, con la protección de autoridades o por lo menos gozando de impunidad, deben ser desenmascaradas y frenadas.

 

 

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