Editorial

Choferes y agua, dos botones de muestra

sábado, 08 de junio de 2019 · 00:15

Para nadie es un secreto que la justicia y el Ministerio Público responden a los intereses del Gobierno y, por añadidura, a sus sectores sociales. Se dice que para muestra basta un botón, pero  en el editorial de hoy mostraremos dos botones. 

En los últimos días, el caso de los choferes que hicieron desaparecer más de 12 millones de bolivianos del peaje y el proceso por la crisis del agua han sido cerrados por decisión de la Fiscalía, pese a que existe evidencia de que se cometieron ilícitos en contra de los ciudadanos y del Estado.

En el caso de los choferes, la Fiscalía argumentó que no hubo “ningún daño económico al Estado porque los fondos son enteramente privados”. ¿Cómo pueden ser privados, si salieron de Vías Bolivia a las cuentas particulares de los dirigentes de los choferes de la Federación 1ro de Mayo de La Paz, de donde desaparecieron?

Sucede que tanto choferes como Gobierno argumentan que existe un convenio por el que Vías Bolivia cumplió el rol de “agente de retención” (como si ese servicio estaría entre sus atribuciones) de 20 centavos de cada peaje que los choferes pagan por cada vez que circulan por la autopista La Paz-El Alto.

Sin embargo, no es que los choferes hicieran un aporte extraordinario de 20 centavos por cada peaje para que luego ese dinero fuera transferido a las cuentas de los dirigentes, sino que se sacó esos 20 centavos del peaje que debería ir a engrosar las arcas de Vías Bolivia. De hecho, los choferes siguen pagando 1,80 bolivianos como hasta antes del escándalo y ahora esos 20 centavos ya no van a cuentas particulares, sino al Estado.

Entonces, la Fiscalía no puede alegar que no existe daño económico al Estado. Peor aún, no puede abstraerse de las pruebas que circularon por los medios de comunicación, entre ellas, un audio en el que un dirigente dice que ese dinero sirvió para financiar, incluso, las farras del sector.

 El dinero debió ser destinado a establecer un fondo prosalud para el sector, beneficio que hasta hoy es inexistente. Es decir, no hay el dinero y tampoco hay el fondo de salud, pero la Fiscalía no ve nada qué investigar.

No hay que ser jurista para darse cuenta que el Ministerio Público está protegiendo a los dirigentes de los choferes porque son afines al MAS y, de paso, está dejando limpios a los ejecutivos de Vías Bolivia que transfirieron esos recursos a cuentas personales. 

El otro caso es el de la crisis del agua ocurrida en 2016. La Fiscalía ha sobreseído a los acusados de haber atentado a la salud pública, entre ellos, a la exministra del Agua, Alexandra Moreira, a los exinterventores de Epsas y a la exautoridad de fiscalización del sector. Es decir, cerró el caso como si la crisis del agua no hubiese existido y dejó libres de responsabilidades a los miembros de la cúpula política que debía velar por un buen servicio para la ciudadanía.

Sólo para refrescar la memoria, los paceños sufrieron durante un mes sin tener agua en sus casas, ni siquiera para cocinar y poniendo en riesgo su salud, debido a la falta de previsión de las autoridades que no alertaron que las represas se estaban secando.

Era de esperarse que la Fiscalía actuara de esa manera, puesto que Moreira previamente fue destinada a cumplir funciones en la Embajada de Bolivia en México, pese a estar procesada por la crisis del agua.

En el caso del agua, Epsas anunció que reabrirá el proceso sólo en contra de sus funcionarios, dejando fuera a los cargos jerárquicos. Entre tanto, los choferes de base anuncian que acudirán a la justicia civil para lograr que sus dirigentes rindan cuentas por el dinero perdido. Todo eso habla de que los dos casos prácticamente se han diluido.

Casos como esos se pueden encontrar a montones, lo que demuestra, una vez más, que la justicia y el Ministerio Público están en una profunda crisis que tiene que ver con la dependencia vergonzosa del poder político.

Una justicia así no es justicia. Por tanto, los ciudadanos bolivianos están en una grave situación de indefensión. 
 

 

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