Editorial

Las niñas madres y sus reclamos

domingo, 09 de junio de 2019 · 00:10

Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), con base en las cifras del Ministerio de Salud, cada tres horas una menor de 14 años queda embarazada en Bolivia. De acuerdo al mismo informe, el 18% de las jóvenes entre 15 y 19 años están embarazadas o ya son mamás. El 60% de los casos se debe a violaciones de personas cercanas. Conforme al Ministerio de Salud, el 2018 se registraron más de 2.900 casos de embarazos de niñas y adolescentes.

Una y otra vez, cada año cuando estos reportes se difunden, se reitera la misma pregunta: ¿vamos a hacer algo para que estas cifras tan desoladoras dejen de normalizarse?

Existe, evidentemente, un intento desde el Estado y algunas instituciones de incluir algún tipo de información que lleve a la prevención de los embarazos adolescentes en el país, pero, de acuerdo a una corriente cada día más fuerte, hablar abiertamente de sexualidad, preferencias e identidades sexuales puede ser considerado “ideología de género”. Con ello, probablemente muchas escuelas y maestros se sientan cohibidos de tratar temas relacionados a métodos anticonceptivos, sexualidad responsable y otros aspectos que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, entre los cuales, por supuesto, está el derecho a elegir si casarse o no, a formar y planificar una familia, así como a decidir si tener o no hijos y cómo y cuándo tenerlos. Derechos elementales que, sin embargo, parecen inalcanzables para una enorme cantidad de mujeres, adolescentes y también, tristemente, niñas.

Mientras tienden a endurecer las leyes antiaborto en muchos países del mundo, se hace más difícil pensar que estas niñas adolescentes, muchas de las cuales tienen embarazos producto de abusos sexuales, puedan tener alguna alternativa a la maternidad forzada.

Recientemente, cuatro niñas de diferentes países, violadas y obligadas a ser madres, presentaron una denuncia ante las Naciones Unidas. Los casos corresponden a Ecuador, Guatemala y Nicaragua, y las niñas, junto a sus madres, denuncian a sus respectivos Estados por haber sido obligadas a continuar con su embarazo tras haber sido violadas y por no haber obtenido justicia. Además de buscar compensación, las menores de edad quieren que  Naciones Unidas obligue a los gobiernos de sus naciones a reabrir sus casos y reformar las leyes que penalizan el aborto.

En Bolivia recientemente se dio el caso de una menor de 14 años que solicitó un aborto por un embarazo producto de una violación, acogiéndose a la legislación vigente en el país que permite la interrupción del embarazo en casos de estupro o cuando corre riesgo la vida de la madre.

Sin embargo, los médicos de la maternidad Percy Boland, de Santa Cruz, se acogieron a la cláusula de conciencia y se negaron a realizar la práctica. Finalmente, luego de la negativa de los médicos y un debate en torno al plazo en que un embarazo puede ser interrumpido, se indujo el parto producto de la cual nació una bebé con un  poco más de un kilogramo de peso.

El caso, que generó polémica nacional e internacional, vuelve a poner en el tapete el tema normativo y el incumplimiento a las leyes de despenalización del aborto ante situaciones concretas, frente a lo cual poco puede hacer la víctima. Una niña abusada sexualmente y una bebé condenada a morir que se aferra a la vida. Ninguna debería estar pasando por esto.

Si cada tres horas una niña de menos de 14 años queda embarazada en Bolivia, ¿no será que estamos haciendo exactamente todo lo contrario para ayudarlas? Obviamente habrá posiciones encontradas al respecto, pero los hechos demuestran que existe una deuda que no está siendo pagada y es la de proteger a las niñas y adolescentes de los abusos sexuales a los que se las somete. No es suficiente con procesar a sus victimarios, ni con denunciar los atropellos, sino somos capaces de escucharlas y atender sus demandas, respaldarlas con el respeto a las leyes, no estamos cumpliendo como ciudadanos en un Estado de Derecho.

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