Editorial

Acusaciones contra la DGAC

lunes, 01 de julio de 2019 · 00:15

Un nuevo escándalo de corrupción afecta a una entidad estatal. Esto ya no es novedad en el país, como tampoco lo es que las autoridades nacionales no actúen ante ello. Son tantas y tan diversas las denuncias, que ya pasan desapercibidas. Pareciera que en Bolivia se ha normalizado la corrupción y la violación a las normas.

Ahora le toca el turno al expiloto de Evo Morales y excomandante de la FAB, Celier Arispe. Ya se imagina el lector  el grado de protección que goza Arispe de las más altas esferas del poder. Él enfrenta 18 procesos, entre penales y civiles, todos ellos registrados ante el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz. Eso, al margen de un informe del Ministerio de Obras Públicas que da cuenta de que en la DGAC hay 15 procesos que van desde corrupción hasta discriminación. 

Se supo, por ejemplo, que el abogado Omar Durán presentó una denuncia penal contra Aparicio por los aterrizajes irregulares que hicieron aviones civiles extranjeros en pistas militares bolivianas.

Otra demanda interpuesta por Durán se basa en la adjudicación de un contrato que Aparicio habría entregado a su propio hijo para la construcción del aeropuerto de El Alto, mientras la Fiscalía lo acusa de haber autorizado la clonación de la matrícula de una avioneta CP 1216, que quedó fuera de funcionamiento tras sufrir un accidente. La DGAC le otorgó, sin realizar las investigaciones de ley, un nuevo certificado de aeronavegabilidad bajo el nombre de otro propietario.

Tal vez el caso más serio fue el dado a conocer por un funcionario de la DGAC, Javier Calisaya, quien denunció que la entidad falsificó documentos para permitir el vuelo de una aeronave, hecho por el cual se puso en riesgo la vida del ministro de esa cartera de Estado, Milton Claros.

El avión con matrícula CP 2600, de propiedad de la DGAC, no tenía permiso de vuelo porque debía  entrar de manera obligada en mantenimiento, pero aun así autorizó el viaje de Claros a Brasil en 2018.

Tras esa acción, la Asociación de Pilotos Civiles de Santa Cruz se declaró en 2018 en “estado de emergencia” y solicitó al presidente Morales que Aparicio fuera removido del cargo, ya que sus acciones ponían en “riesgo la seguridad operacional del sector y dañando a la aviación civil con su deficiente, abusiva y arbitraria gestión”.

Según el general Aparicio, las denuncias son promovidas por exfuncionarios de la DGAC, resentidos por haber sido removidos de sus cargos. La explicación no suena muy plausible y Celier Arispe y su equipo de asistentes deben ser investigados detalladamente.

El Ejecutivo debe asumir una posición clara al respecto.
 

 

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