Editorial

Transportistas: chantajes inaceptables

miércoles, 17 de julio de 2019 · 00:15

En “homenaje” a la efeméride paceña, la Federación de Choferes de La Paz ha vuelto a arremeter con su acostumbrado bloqueo de las mil esquinas, en el que sus afiliados se despliegan por toda la urbe impidiendo el paso de vehículos. La razón esta vez es la disconformidad con el cobro por infracciones, el parqueo tarifado y lo que ellos denominan la “invasión de rutas” por el transporte municipal.

Desde tempranas horas de un día que precede a un feriado en el que muchos ciudadanos tenían urgencias laborales, los choferes nuevamente tomaron triste protagonismo. Conviene detenerse en sus argumentos: 1) El cobro de infracciones es un derecho que se aplica ante una obligación ciudadana, que es la de respetar las normas de tránsito. Algo que los choferes del transporte público debieran ser los primeros en cumplir. De modo que oponerse a ello es, cuando menos, un absurdo.

2) El rechazo al parqueo tarifado es otro absurdo, pues quienes conducen vehículos de transporte público no lo utilizan. En todo caso, quienes podrían reclamar por ello serían los ciudadanos comunes y corrientes, que desean estacionar en alguna parte de la ciudad.

3) Finalmente está el punto neurálgico: el reclamo por “la invasión de rutas del transporte municipal”, que sin ser demasiado perspicaces adivinamos es el centro de la protesta. Como se sabe, recientemente fueron presentados los ChikiTiti, buses de tamaño mediano -un poco más grandes que los minibuses que circulan por miles en todo el país- que el Gobierno municipal de La Paz incorporará en unas semanas al servicio del transporte público, y que cubrirán nuevas rutas, especialmente en barrios alejados y laderas. 

Obviamente, los choferes sindicalizados ven esto como una amenaza a su monopolio y en vez de encontrar la forma de unir esfuerzos para que se produzca una mejora efectiva en el transporte, quieren impedirlo.

Es, insistimos, inaceptable que una ciudad tenga secuestradas sus iniciativas para mejorar uno de sus problemas más acuciantes, como es el del transporte público, por las presiones e intereses corporativos de un sector.

Muchos grupos de presión en Bolivia actúan por encima de la ley, haciendo bloqueos, paros y manifestaciones diversas. Está en el ADN nacional la falta de respeto a las normas y a los derechos de los otros ciudadanos,  pero uno de esos sectores, quizás el más evidente con estos rasgos, es el que conforman los transportistas. Sus ventajas son variadas: los afiliados a esas asociaciones son numerosos, dependen de su propio trabajo y tienen gran capacidad de movilización.  Por esas razones, actúan como si estuviesen por encima de la ley. O, en realidad, están por encima de la ley.

Para La Paz la solución al problema del transporte público  implica un enorme desafío: hemos vivido siempre sujetos a las imposiciones de un sector que no brinda un buen servicio, que complejiza la convivencia ciudadana y que no está dispuesto a mejorar en calidad. 

Es cierto que los problemas con los choferes se dan en varios países del mundo. A ello, por ejemplo, obedece que existan resistencias a innovaciones y cambios en los sistemas de transporte público o reacciones adversas a la incursión de avances tecnológicos como el servicio de Uber, pero los grados de legitimación del prebendalismo y el chantaje de los choferes en Bolivia llegan a niveles insólitos. 

Si a ello se añade que, además, las condiciones que brindan a sus usuarios son deplorables, que sus vehículos están en mal estado y son contaminantes, el balance es todavía peor.

La ciudadanía debe condenar enérgicamente, de hecho ya lo hizo durante la jornada de paro, este tipo de presiones y no permitir que los abusos continúen. 

Los choferes afiliados deben acatar las normas y disposiciones, y deben saber que el transporte es un servicio al ciudadano, no un negocio que les pertenece. 

La ciudad de La Paz merece mejorar sus condiciones de transporte y quienes desean dedicarse a esta actividad tendrán que adecuarse a estas demandas.

 

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