Editorial

Pacto declarativo contra feminicidios

jueves, 18 de julio de 2019 · 00:15

Las expectativas sobre el gabinete de la mujer que se reunió dos veces en la última semana eran grandes porque era la primera vez que, que en  una instancia de ese nivel, se tomarían medidas para luchar contra la violencia hacia las mujeres.

El país estaba (aún lo está) azorado con las 72 muertes de mujeres a manos de sus parejas o de terceras personas. Las activistas e instituciones de promoción de los derechos de las mujeres habían pedido una declaratoria de alerta o de emergencia nacional con el fin de movilizar nuevos recursos y de manera más expedita para trabajar en el objetivo planteado.

Sin embargo, al término del esperado gabinete, que está presidido por el presidente Evo Morales, se anunció un decálogo que no resultó ser otra cosa que la repetición de las medidas ya establecidas en la Ley 348, que rige en el país desde hace seis años. Para la aplicación del decálogo, el Gobierno propuso un pacto nacional.

La aprobación de la citada ley marcó un hito en la legislación nacional porque se tipificó el asesinato de mujeres como feminicidio y se le impuso una condena de 30 años de prisión. Sin embargo, la norma no resolvió el problema, aunque lo visibilizó. Por tanto, el pacto anunciado por el Gobierno es la constatación de que la Ley 348 no cumplió con su objetivo.

Para empezar por lo más neurálgico. El decálogo dispone que, de los recursos del IDH que ahora son destinados a la seguridad ciudadana, se debe direccionar un porcentaje a la lucha contra la violencia de género.

Resulta que esa disposición está contenida en el reglamento de la Ley 348. Lo que ocurre es que los municipios no cumplen ni con la asignación para seguridad ciudadana, menos van a destinar fondos para un tema específico de la lucha contra la violencia hacia la mujer. Quizá el avance, si es que existiera uno, es la nominación de un porcentaje concreto y el establecimiento de sanciones para quienes no cumplan.

Los demás aspectos del decálogo, como la inclusión de la temática en las escuelas, la eliminación de la impunidad en las fuerzas del orden, la cultura de valores en las familias, enfrentar la violencia en las instituciones del Gobierno, establecer planes de comunicación para la prevención, y el involucramiento de otros actores de la sociedad, como empresas privadas, las alcaldías, gobernaciones y organizaciones sociales, son aspectos que ya están previstos en la ley y en los reglamentos.

Si realmente el Gobierno quiere luchar contra la violencia hacia la mujer, debe ofrecer medidas claras y concretas y no una repetición de la legislación existente. Se puede usar cualquier otra temática para hacer proselitismo, pero no la muerte de las mujeres.
 

 

 

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