Editorial

Ciudadano en busca de justicia y refugio

sábado, 27 de julio de 2019 · 00:15

En estos días de intenso frío en La Paz, una persona lleva 20 días apostado en la calle las 24 horas del día, expuesto a todo tipo de inclemencias. Se trata de Jesús Vélez Loor, un ciudadano ecuatoriano que reclama poder ingresar a su país. 

La historia de Vélez es larga. Se remonta al año 2003, cuando llegó a su país, Ecuador, luego de ser deportado de Panamá, adonde había llegado un año antes en un intento de alcanzar por tierra la frontera con Estados Unidos como inmigrante. 

En Panamá fue detenido por las autoridades de migración, que lo acusaron de tener un visado falso y estar vinculado con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin haber visto a un abogado ni a un juez –según su testimonio–, Vélez fue condenado a dos años de prisión por orden de la entonces directora nacional de Migración y Naturalización panameña. Después de 10 meses fue liberado tras enfermarse de úlceras, perder un testículo y sufrir daños en la espalda, en el brazo derecho, en los pies y la cabeza, por las torturas a las que fue sometido en las prisiones panameñas de La Palma y La Joyita. 

Inmediatamente después, volvió a Ecuador con el deseo de encontrar protección y justicia. Sin embargo, denuncia que fue nuevamente víctima de detención, tortura y persecución. En 2004 fue arrestado por la Policía ecuatoriana al pensar que era un ciudadano extranjero indocumentado. En esa oportunidad estuvo preso durante ocho días y sostiene que también sufrió torturas. 

Por esta razón, inició un proceso contra los policías que lo habían maltratado, con lo que sólo consiguió que aumente la represión contra él. En 2006 llevó su demanda contra Ecuador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, la misma que emitió una serie de recomendaciones a Ecuador para que le brinden protección y asistencia, aspectos  que según Vélez no fueron cumplidos. Amnistía Internacional intervino y lanzó una acción urgente contra Ecuador, pero tampoco esa acción fue respetada. Es así que, al no existir seguridad por parte del Estado ecuatoriano, Vélez escapó de su país.

Llegó a Bolivia el año 2006 con el estatus de refugiado. Meses después  trasladó su refugio a Brasil, donde las “difíciles condiciones” lo empujaron a renunciar y regresar de nuevo a Bolivia, donde pudo restablecer su vida y continuar con su incesante lucha.

Según la documentación que porta, la CIDH en Washington recibió la causa en 2006 y dos años después notificó a Ecuador. En febrero de 2009, solicitó al Estado ecuatoriano, con un mes de plazo, cumplir con las observaciones sobre el caso. Según los documentos a los que tuvo acceso Página Siete, la CIDH volvió a notificar a ese país en marzo de 2012 y agosto de 2013.

Hoy, hace 20 días que está postrado en la puerta de la Embajada ecuatoriana en La Paz, solicitando se le permita volver a su tierra con las garantías necesarias para poder acceder a un servicio de salud para él y su hijo enfermo.

La legación diplomática no se ha pronunciado sobre el caso y seguramente tendrá razones para ello. Lo cierto, empero, es que esta persona, este ser humano, no puede mientras tanto acceder a cobijo, alimentación y condiciones mínimas de seguridad, que son derecho de cualquiera.

Como mencionamos en este resumen, Vélez se respalda en documentación para reclamar abusos y torturas. Si el Estado ecuatoriano tiene razones para imputarlo por algún crimen, corresponde que lo procese, pero nada avala el abandono de un ciudadano en la calle sin prestarle respuesta ni asistencia. 

En estos tiempos de muros y fronteras, de indolencia y desamparo, no se puede menos que exigir una pronta acción humanitaria internacional que le dé a esta persona las garantías de respeto a la vida y acceso a la justicia. Los bolivianos, los paceños específicamente, no podemos pasar de largo mientras una persona permanece sin acceso a un refugio digno por razones que no comprendemos. Esperamos que este triste caso encuentre pronto una solución.
 

 

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