Editorial

Sentencia a Pedro Montenegro

domingo, 28 de julio de 2019 · 00:15

Son innumerables los indicios de que ciertos estamentos están comprometidos con el narcotráfico. Numerosos acusados de tráfico de drogas han posado con autoridades nacionales y varios de ellos han participado, en diferentes roles, en el gobierno del MAS.

Ello, para no mencionar que la base social más importante del presidente Evo Morales, los cocaleros del Chapare, vende casi la totalidad de su producción a organizaciones productoras de cocaína. Es decir que esa droga se produce gracias a la coca que cosechan los integrantes de los sindicatos que dirige el también presidente Evo Morales.

En ese marco, un evento todavía más importante ha sucedido: el acusado de narcotráfico Pedro Montenegro, solicitado por las autoridades de Brasil para que sea extraditado a ese país desde 2015, fue rápidamente acusado y sentenciado a seis años de cárcel por otro delito, el de falsedad material, en el entendido de que tenía una identidad falsa. Podría salir libre en tres años por buena conducta.

Este evento realmente es indignante. El Ministerio de Gobierno actuó tarde una vez que se filtró un audio en el que se daban a conocer las sospechas de las actividades de Montenegro, para luego intentar, acusando a diestra y siniestra, que las cosas no pasaran a más.

Y no pasaron. Nunca en Bolivia hubo un caso en el que, en sólo dos meses, un posible narcotraficante, con evidentes relaciones con la Policía, hubiera sido investigado y sentenciado. Además, por un delito ajeno al central, que es el tráfico de drogas y la colusión de sus actividades con las fuerzas del orden. Esto es un escándalo de proporciones y podría perseguir al oficialismo en el futuro.

Gracias a ese fallo es que este acusado de narcotraficante no podrá ser extraditado a Brasil, salvándole el pellejo, pese a que sobre él pesan innumerables indicios y en cuyo proceso hay agravantes serios, como que se dio a la fuga durante semanas, hasta que finalmente, el 11 de mayo, decidió entregarse. Su relación era de íntima cercanía con la jerarquía de la Policía, al grado de que fue homenajeado oficialmente por las autoridades en dos ocasiones.

El fiscal general, Juan Lanchipa, para que no queden dudas, se apresuró en aclarar que Montenegro no podrá ser trasladado a Brasil mientras no cumpla su condena en Bolivia. Esta es una virtual exoneración. Montenegro había invitado a tres jefes policías, entre otras personas, a pasar su cumpleaños en Cartagena de Indias. Uno de ellos es el excoronel Gonzalo Medina, quien, contraviniendo las normas, había sido mantenido por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, durante tres años en su cargo como jefe de la Felcc en Santa Cruz.

Otros dos policías fueron acusados: el capitán Fernando Moreira y el oficial Kurt Brun, ambos por colaborar en los envíos de la droga al exterior.

Tras la demora en investigar a Montenegro por parte del Ministerio de Gobierno, y ante la presión de la opinión pública y las filtraciones que llagaron a los medios, se dieron algunos datos, como que Montenegro era parte de un poderoso cártel internacional que proveía cocaína nada menos que a la mafia calabresa, la más vigorosa de Italia.

Pero, ahora, gracias a esa sentencia, los uniformados y otros acusados también deberían ser liberados, ya que no tendría sentido acusarlos de complicidad con Montenegro en un tema de tráfico de drogas si éste no ha sido acusado de ese delito.

Ninguna de las evidencias contra Montenegro y sus policías amigos les sirvió a los fiscales, quienes  dependen del Gobierno, ni a la jueza Marianela Salazar, quien lo sentenció en tiempo récord por un delito menor.

Ahora, la Policía, haciendo un evidente teatro, dice que “lamenta” la baja sanción contra Montenegro. No, no la lamenta. La Policía y el Ministerio de Gobierno deciden, junto con los fiscales, a quién se acusa y a quién no. Los ejemplos de ello son incontables, pero podríamos nombrar sólo uno: el caso de Franclin Gutiérrez, preso sin que haya pruebas en su contra.
 

 

 

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