Editorial

El conflicto en el Puerto de Arica

jueves, 26 de septiembre de 2019 · 00:15

Estamos próximos a cumplir un mes desde que la Terminal Puerto Arica (TPA) anunció la vigencia de nuevas tarifas para la importación y exportación de mercaderías bolivianas, que regirían a partir del 5 de agosto, lo que ha desatado un conflicto con el Gobierno boliviano y que ha afectado, fundamentalmente, a los importadores, exportadores y transportistas.

Hasta ahora no existe una solución, por el contrario, el conflicto ha ido en aumento, a tal punto que existen más de 500 camiones bolivianos parados en Arica sin poder realizar sus operaciones. Pero, ¿cuál es fondo del asunto? y ¿quién es el responsable de esta situación?

Sucede que la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B), entidad dependiente del Gobierno boliviano, ejerce como un agente intermediario entre la Terminal Puerto Arica y los importadores y exportadores. Pero, no es un trabajo gratuito porque  la ASP-B se queda con la mayor parte del dinero que pagan los empresarios bolivianos.

Por ejemplo, según fuentes empresariales, antes del ajuste tarifario, el Puerto de Arica cobraba 31,24 dólares a la ASP-B por cargar o descargar un contenedor de 20 pies, pero la administradora boliviana cobraba 119,92 dólares a los empresarios, es decir, se quedaba con la mayor parte del dinero.

Cuando la TPA anunció la subida de sus tarifas, los importadores y exportadores se pusieron firmes para que la ASP-B asuma la diferencia y que no se traspase a ellos el costo adicional. La ASP-B no está de acuerdo en asumir el costo del incremento tarifario impuesto por el puerto chileno, por lo que dejó de pagar y, en consecuencia, el servicio fue cortado y los transportistas quedaron perjudicados en Arica.

Ahora, los importadores y exportadores bolivianos están en busca de un acuerdo para dejar fuera de estas funciones a la ASP-B porque consideran que sus cobros son excesivos y también porque su atención es deficiente. Los afectados denunciaron que  la ASP-B se constituye en una traba porque tiene un sistema lento y los trámites terminan haciéndose manualmente. La ASP-B ha señalado que la mayor parte del dinero que recibe se destina a los costos de operación.

Bolivia suele reclamar con justeza y vehemencia las trabas que pone Chile al flujo de carga boliviana, pero en este caso, está claro que el propio Gobierno boliviano tiene una responsabilidad al respecto.

Es hora de que la Cancillería y el propio presidente Evo Morales asuman que la ASP-B no está funcionando adecuadamente y que, por tanto, determinen un cambio radical en el servicio. De otra manera, el Gobierno boliviano terminará quedando fuera de la cadena importadora y exportadora vía Chile.

 

 

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