Editorial

Un mal precedente y un gran abuso

jueves, 05 de septiembre de 2019 · 00:15

La huelga de la minera San Cristóbal es un gran problema para el país. La empresa produce el 2,5% del PIB al exportar 600 mil toneladas anuales de concentrados de zinc, plata y plomo. En años recientes, estas exportaciones generaron un ingreso bruto promedio de 1.000 millones de dólares.

Los 834 trabajadores sindicalizados de San Cristóbal están en huelga pidiendo el cumplimiento de un laudo arbitral que les otorga un reintegro, retroactivo a  2007, del 16% del total ganado, por recálculo de salarios dominicales y otros. En promedio, los trabajadores esperan recibir más de 40.000 dólares cada uno.

El reclamo es motivo de divergencias porque la prestigiosa transnacional japonesa Sumitomo, propietaria de San Cristóbal, afirma ser fiel a la ley en todos los países donde opera; además, sus trabajadores están entre los mejores pagados del país. 

El impacto para la Gobernación de Potosí y para el municipio de Colcha-K es dramático: han dejado de percibir regalías diarias de 125 mil dólares y 22.000 dólares, respectivamente. Por otra parte, el TGN pierde  500 mil dólares diarios por IUE no generado. Así, en tan sólo 16 días de huelga, el Estado ha perdido más de  10 millones dólares.

Por su parte, San Cristóbal dejó de producir  2,7 millones de dólares al día y si el fallo se consolida, tendrá que pagar cerca de  200 millones de dólares por concepto de sueldos adeudados y por el recálculo de aportes a AFP y CNS, poniendo en riesgo su propia existencia. Se calcula que durante el conflicto, el país ha dejado de producir el 0,1% del PIB programado para este año.

El laudo que generó este conflicto se emitió como parte de un arbitraje ante el Ministerio de Trabajo que ha sido impugnado por la empresa. De hecho, un fallo judicial prohibió la emisión de dicho laudo, en tanto los árbitros no emitan un informe esclareciendo las irregularidades, pero este fue ignorado.

Intempestivamente, el árbitro que presidía el proceso fue reemplazado por Nativo Reyes, quien junto a otro nuevo árbitro, Víctor Hugo Chávez -hermano de un viceministro-, en sólo cuatro días hábiles hicieron lo que no se había hecho en meses: resolvieron seis impugnaciones y emitieron el laudo arbitral a favor del sindicato de la minera San Cristóbal. Es increíble que en tan corto plazo hubiesen podido familiarizarse con el caso y menos preparar más de 200 páginas de conclusiones. 

Peor aún, el laudo fue firmado sólo por dos árbitros, cuando la Ley General del Trabajo establece que, sin la firma de tres, es nulo.

Marco Antonio Dick, abogado del sindicato, sostuvo en un ampliado de trabajadores que el laudo era legal e incitó a la huelga, según consta en un video, donde además, informa que cobrará el 10% de lo que pague San Cristóbal.

A la fecha, los trabajadores han tomado las oficinas del Ministerio de Trabajo en Uyuni, sitiado el Ministerio de Trabajo y la Vicepresidencia, y presionado con marchas al Tribunal Supremo de Justicia en La Paz.

Al parecer, los propios trabajadores son víctimas en este caso de quienes los azuzan para que las presiones terminen dándoles la razón y ellos se vean beneficiados. Los trabajadores están en el conflicto hace varias semanas sin percibir salarios; el Gobierno, por su parte, es chantajeado en plena coyuntura electoral.

Si el laudo se consolida, la jurisprudencia sería catastrófica para la seguridad jurídica, porque permitiría a los sindicatos desconocer convenios salariales retroactivamente y obligaría a las empresas a consensuar temas internos, como escalas salariales y otros, lo que inviabilizaría a empresas públicas, como Comibol o YPFB, y a todo el sector privado, además de espantar necesitados proyectos de inversión extranjera.

El daño económico al Estado está demostrado. No es suficiente con destituir a unos cuantos cómplices, sino que todos deben ser enjuiciados y detenidos preventivamente porque en libertad interferirían con el proceso de investigación, al ser sujetos con conexiones, acostumbrada a manipular el Sistema Judicial y amedrentar a jueces y fiscales.

 

 

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