Editorial

Más detenciones preventivas

lunes, 13 de enero de 2020 · 00:15

Si hay un tema que le ha preocupado a este diario durante los últimos años es la mala manera cómo se administra la (in)justicia en el país. Bolivia es una de las naciones con mayores índices de internos sin sentencia en las cárceles, muchos de ellos por más tiempo de lo que su delito original establecía. Alrededor del 80% de los presos no cuentan con un fallo judicial en su contra.

El procedimiento de dar, casi por defecto, detención preventiva a cualquiera que sea acusado por los fiscales, independientemente de la acusación, hace que prácticamente ser acusado por los fiscales implica ser detenido posteriormente por un juez. Y cuando el juez actúa de otra manera es susceptible de ser él mismo acusado.

A ello hay que añadir las presiones políticas recibidas por jueces y fiscales en los años del gobierno del expresidente Evo Morales. Entre decenas o cientos de casos que se puede  mencionar está el de Sonia Mamani Vargas, elegida en 2012 como jueza ciudadana por el caso del hotel Las Américas. Mamani, mediante un memorial, ha denunciado que las autoridades del Ministerio de Gobierno de la gestión anterior le pagaron todos sus gastos y la presionaron para que fallara en contra de los acusados.

Esa fue la tónica del largo régimen de Morales, con unos operadores de justicia sin ninguna capacidad de tener autonomía de decisión en los casos de interés político. Además, en la teoría, el fiscal debería acusar y el juez, sopesando todas las pruebas y los actuados, decidir sobre el caso. En Bolivia ello no ocurre, jueces y fiscales actúan de manera concertada.

Lo mismo está empezando a suceder tras el cambio de Gobierno, como este diario ya ha advertido. Los casos de detenciones preventivas contra rivales políticos son nuevamente la norma y las acusaciones de “sedición” están a la orden.

Un ejemplo de esto es el caso de la médica Mirtha Sanjinez Alcócer, exadministradora del hospital municipal Alfonso Gumucio Reyes de la ciudad de Montero, acusada junto con otros médicos de haber procedido a la atención médica de Facundo Morales, integrante de las FARC. Se dice que la médica debió denunciar a Morales porque tenía una herida de bala y no atenderlo. Ello contraviene el juramento hipocrático de los médicos, que establece que deben intentar salvar una vida en cualquier circunstancia y de cualquier persona. Otros profesionales de salud también están acusados por este caso.

Si es que la médica Sanjinez no denunció, después de atender a Morales, las heridas de bala, y lo trasladó a una casa particular, cosa de la que no hay pruebas, debería poder defenderse en libertad. Lo mismo se exigía a las autoridades durante el anterior  Gobierno.
 

 

 

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