Editorial

La detención de Carlos Romero

miércoles, 22 de enero de 2020 · 00:15

La Ley del Talión, la del ojo por ojo y diente por diente, goza, sin duda, de gran popularidad. Por eso, en vez de llamar a la compasión o la empatía, las imágenes lastimeras del exministro de Gobierno  Carlos Romero,  cuando fue detenido, causaron entusiasmo y celebraciones. 

No cabe tampoco duda de que Romero, hombre fuerte de la seguridad nacional por muchos años, cometió varios errores y excesos: entre ellos  la fuerte represión con la que se desarmó la movilización de los discapacitados y su actuación en el conflicto de la UPEA, cuando murió un joven universitario alteño por el impacto de una canica de vidrio. Romero culpó a los mismos manifestantes del hecho y solo después de presiones y pruebas tuvo que admitir que fue un oficial de la Policía quien disparó contra los estudiantes matando a Jonathan Quispe.

Yendo más allá, se puede decir que Romero también actuó con negligencia y abuso de poder en muchos casos, los más notables: Eurochronos, la muerte de su viceministro Illanes en un conflicto con los mineros cooperativistas y, cómo no decirlo, la protección a grandes narcotraficantes, como Pedro Montenegro, que desnudó la penetración del poder del tráfico de drogas, sino en el gobierno, al menos en las más altas esferas de la Policía que estaba a su cargo.

A esto  se podría incluso sumar la forma soberbia con que este ministro, así como el alto mando del MAS, incluido Evo Morales, manejó la crisis de octubre que derivó con la renuncia de Morales: hasta el final Romero sentenciaba y amenazaba, culpaba y lanzaba advertencias a los opositores.

Pero, ¿es el caso Uelicn suficientemente fuerte como para sustentar la detención preventiva de Romero en San Pedro, con la sombra de la violación de sus derechos?

Romero está presuntamente implicado en el caso de corrupción en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn), los indicios y elementos que tiene el Ministerio Público son los nombramientos irregulares de funcionarios de la Uelicn y contratos para el mantenimiento de los helicópteros y aviones que favorecieron a la empresa Horizontal, sostiene el Ministerio Público. El fiscal Germán Rea afirmó  que el proceso fue ampliado y se citará a otras personas para esclarecer una serie de irregularidades. ¿Son estas pruebas para una detención?

La defensa del exministro ha denunciado atropellos y sostiene que su vida corre peligro en la cárcel de San Pedro, al ser una exautoridad y en su labor haber promovido la cárcel de varios investigados, hoy compañeros de prisión.

Su abogado defensor, Andrés Zúñiga, también declaró que no tiene garantías para ejercer su labor, ya que es amenazado e insultado por ciudadanos. Además, expresó su malestar por la aprehensión de  Mónica Ramírez, también  abogada de Romero, por ingresar, junto  con el hijo de la exautoridad y dos asistentes, al domicilio de   su cliente en Auquisamaña. A ello se suma las denuncias del propio Romero, en sentido de que estaba siendo acosado por personas que rodeaban su casa y que sufría estrés y depresión.

La pregunta es, ¿es este  un proceso serio por la comisión de delitos o negligencia concretos  o se le pretende “cobrar”  a Romero por sus excesos?

Mientras una parte de la tribuna -que es lastimosamente considerable-  no ve saciada su sed de venganza con nada y alienta, junto a algunas autoridades, el revanchismo, en otra parte de la ciudadanía crece el resentimiento y la desconfianza.

Para que una transición democrática como la que atravesamos funcione, es preciso -lo dijo el periodista Rafael Archondo en su columna “Paz con alfileres”, publicada en Página Siete- “que los protagonistas del acontecer patrio hayan renunciado previamente al uso de la violencia. Eso sucede únicamente cuando nadie es capaz de imponer a fuerza nada a sus adversarios”.

Claramente no es ese el escenario. Y si la impunidad no es remedio, tampoco lo es el exceso, la venganza, la humillación, sino la investigación, las pruebas  y  la señal de una justicia independiente.

 

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