Editorial

Nuevos datos sobre la acusación de Montero

lunes, 27 de enero de 2020 · 00:15

Es posible que el caso de la médica Mirta Sanjinez, de Montero, se convierta en un ejemplo similar al de Jhiery Fernández, que estuvo detenido durante casi cuatro años siendo inocente. Sanjinez es acusada de haber autorizado la atención de un integrante de las FARC, Facundo Molares, que fue parte de los conflictos ocurridos en esa localidad de Santa Cruz el año pasado y durante los que murieron dos personas a manos de militantes del MAS.

También se la acusa de haber coordinado acciones con un supuesto centro médico “clandestino” para atender a Molares y no haber dado parte a las autoridades de que  este tenía herida de bala, como está ordenado por ley. Al final, Molares fue trasladado a la clínica Foianini, en Santa Cruz.

Pero por lo visto, la Fiscalía y el Gobierno están teniendo dificultades en sostener la primera acusación, que era “homicidio en grado de complicidad, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir”, a “asociación delictuosa, omisión de denuncia y uso indebido de bienes del Estado”, explicó un reciente reportaje de Página Siete de Carolina Méndez.

Luego, Wilson Castro, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, expresó a los medios que Sanjinez “de manera irregular ordenó al personal subalterno del hospital atender al ciudadano argentino Facundo Molares, pese a que había sido internado usando una identidad falsa”. Como si se pudiera saber quién ingresa, y quién no, con identidad falsa. E incluso si ello fuera así, los médicos tienen que atender a un herido, por el juramento hipocrático.

Nuevos elementos han surgido en el caso. La defensa de la médica sostiene que esta no se encontraba en el centro de salud cuando se produjeron los hechos porque sus hijos la mandaron a buscar,  ya que el grado de violencia social era muy grande y temían por la seguridad de su madre, que es de tercera edad. Por eso decimos que quizás el caso de Sanjinez sea equiparable al de Fernández, acusado de violar a un menor pese a que se encontraba en otro lugar. Es la irracionalidad de la (in)justicia boliviana.

Y en una situación similar al caso de Jhiery, en el de Montero han sido acusados también enfermeras, médicos, estudiantes de medicina y choferes de ambulancia.

Si la defensa puede demostrar que Sanjinez no estaba en el centro de salud cuando se produjeron los hechos, entonces la situación cambia completamente, entre otras cosas porque ello explicaría por qué no dio parte a las autoridades, como es obligatorio, sobre un caso de herido de bala.

Sobre la denuncia que se atendió a Molares y a personas en un centro de salud “clandestino”, la defensa dice que ello tampoco es verdad: en Santa Cruz y otros departamentos existen decenas de clínicas o consultorios que no tienen todos sus papeles al día y las autorizaciones respectivas. Pero ello no los convierte en “clandestinos”.

También es irreal el argumento de que se crearon “centros médicos clandestinos”, supuestamente para atender a guerrilleros, antes de que se produjeran las protestas de octubre y noviembre pasados. ¿Alguien sabía hace años que se iban a producir esos enfrentamientos y, previéndolos, creó las clínicas clandestinas esperando pacientemente que se produjera la violencia? No es creíble desde ningún punto de vista.

Según el relato de la defensa, el centro de salud de Montero estaba lleno de heridos en esa jornada tan violenta. Por eso Molares fue enviado primero al otro centro y finalmente a la clínica Foianini. Estaba en estado de coma y por eso no se conocía su identidad. Al publicarse la fotografía pudo ser identificado como el integrante de las FARC.

El Gobierno, y la Fiscalía  hacen mal en perseguir a civiles que seguramente no tienen responsabilidades. Además, estos deberían poder defenderse en libertad. El principal problema, en el caso relatado, es que un guerrillero estaba en el país alentando la violencia y enfrentando a unos bolivianos con otros. Eso debería investigarse porque tiene enormes connotaciones. Sería más inteligente que perseguir al personal de salud.

 

 

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